Artículo de Revista Global 18

El país, dividido frente al tema haitiano

La actitud de los diferentes sectores de la sociedad y la economía dominicana frente a la inmigración ilegal y la presencia indocumentada de haitianos en nuestros país ha ido variando a través de los años, en la medida en que esa misma presencia se ha ido intensificando. El resultado: un país dividido frente al tema haitiano.

El país, dividido frente al tema haitiano

Desde hace más de 100 años los dueños de ingenios azucareros, así como los colonos, han auspiciado, promovido y defendido la inmigración de haitianos para el corte de la caña. Aunque inicialmente y hasta hace unos veinticinco años se trataba de una inmigración legal y temporal, sujeta a su retorno a Haití, y se efectuaba sobre la base de negociaciones con el ejército y políticos haitianos en las que participaba el ejército dominicano. En la actualidad, al no existir ya un ejército en el país vecino, ni negociaciones formales, esa inmigración es ilegal, aunque en ella participen militares y empleados de la Dirección General de Migración, así como “buscones” de ambas nacionalidades.

En adición, los ingenios y colonos utilizan ya muchos cortadores que residen el año entero en el país o que entran y salen por su propia cuenta. Hoy día los ingenios y colonos defienden a rajatabla la utilización de mano de obra haitiana, aunque cada día requieren menos cortadores, dada la reducción de la producción y también la mecanización de la misma.

Pero si hasta hace unos veinticinco años este grupo era prácticamente el único que defendía la migración haitiana, hoy hay muchos otros que secundan esa política. Los arroceros, los sembradores de guineos y los dueños de cafetales y cacaotales han abogado públicamente por la contratación de haitianos, alegando que no hay dominicanos para esos cultivos y que los haitianos son más dóciles y trabajadores. En realidad, la presencia haitiana en el sector rural actúa como un elemento que impide que los salarios aumenten y atrasa el proceso de mecanización.

3El sector de la construcción, incluyendo los ingenieros contratados para hacer obras del Estado, se opondría fuertemente a una política de repatriación de indocumentados, ya que sus costos aumentarían y tendrían que mecanizarse más rápidamente.

Sector turístico

El importante sector turístico también acepta la presencia de indocumentados. Primero, porque reduce el costo de construcción de los hoteles, y, segundo, porque son empleados en los propios hoteles, donde constituyen una mano de obra bilingüe. Los turistas también visitan bateyes para gozar de representaciones folclóricas y de religiosidad popular. Sin embargo, la inmigración haitiana ha reintroducido el paludismo, lo que desincentiva el turismo, y ha dado lugar a campañas internacionales contra la explotación de haitianos que pueden afectar negativamente los flujos turísticos.

En las zonas francas dominicanas no se emplean haitianos, porque allí existe un tipo de trabajo bajo techo que a los dominicanos no les gusta compartir con haitianos. Aunque al principio parecería que los dueños de zonas francas no apoyan la presencia haitiana, los más sofisticados entre ellos saben que una política de repatriación masiva haría subir los salarios en el país, incluyendo los de las zonas francas, por lo que apoyan esta presencia.

Por lo menos un 10% de la población dominicana vive en el extranjero. En Estados Unidos –donde reside la mayoría–, si los hijos nacen allí son ciudadanos americanos y hasta los indocumentados son recibidos en los hospitales y sus hijos son aceptados en las escuelas. Sufren discriminación racial, hasta un grado tal que algunos se consideran como “los haitianos” del norte. Dada su experiencia, tienden a simpatizar con los problemas de los haitianos de Santo Domingo, parecidos a los suyos.

Sectores indiferentes

Pasando de sectores de la economía a sectores de la sociedad, notamos que los tres principales partidos políticos se muestran indiferentes ante la presencia haitiana. Los tres han estado en el poder en algún momento durante los últimos 12 años, y ninguno ha tomado medidas efectivas para reducir dicha presencia. Aunque las leyes prohíben emplear a indocumentados a los patrones, ninguno ha sido sometido a la justicia por hacerlo. Las esporádicas deportaciones son inefectivas si al mismo tiempo continúa el paso ilegal por la frontera. La ley de migración tardó cinco años en ser aprobada por el Congreso y, con los cambios que sufrió, está llena de contra dicciones. Su reglamento, que por ley debió haber estado vigente desde hace 28 meses, aún no ha sido dictado. Eso contrasta, por ejemplo, con las autoridades de las Bahamas, que sí tienen una política clara y efectiva frente a la presencia haitiana y promueven activamente la deportación de forma civilizada, por lo que no se les puede criticar internacionalmente.

El ejército dominicano también permanece indiferente frente al asunto. Aunque su Ley Orgánica no le otorga atribuciones en asuntos migratorios, desde hace cien años se ha visto involucrado en las deportaciones, pero también en la traída de braceros para los ingenios. Las deportaciones implican un trabajo adicional, molesto y muy difícil, por lo que deberían oponerse a la presencia de haitianos; sin embargo, traerlos a los ingenios, permitirles el cruce fronterizo y no deportarlos representan tres fuentes de lucro.

Tradicionalmente, en cualquier país los sindicatos son los que más se oponen a la migración ilegal, ya que quita empleos a sus miembros y mantiene bajos los salarios. Sin embargo, en nuestro país es chocante que los sindicatos nunca se hayan opuesto y ni siquiera hayan planteado una posición al respecto.

Volviendo a los sectores económicos, vemos que el sector industrial no-azucarero es también indiferente. No emplea muchos haitianos, pero estos representan un mercado para sus ventas locales. La banca, el sector telefónico, el energético, los empleados públicos y el comercio también son indiferentes.

Los que se oponen

Presumimos que la Policía se opone a la inmigración ilegal, ya que es consciente de que contribuye a la delincuencia. Pero donde la oposición es mayor es dentro de nuestra sociedad civil, donde muchos portavoces proclaman, con razón, que la presencia haitiana dificulta reducir el desempleo entre los dominicanos y empeora el ingreso, al mantener los salarios bajos. Algunos de esos portavoces, lamentablemente, siguen utilizando obsoletos y viejos argumentos racistas: que perjudica la religión cristiana y “la noble herencia hispana” (en este país de mulatos), cuando la realidad es que, según lo evidencian trabajos serios de investigación, el haitiano que vive entre nosotros practica poco el vudú y sí la religión cristiana, y aprende muy rápido el español.

Los obispos dominicanos tal vez representan el grupo que ha sido más consistente sobre el tema y también durante más tiempo, como lo reflejan sus declaraciones oficiales que datan desde por lo menos el comunicado conjunto de las conferencias episcopales dominicana y haitiana de hace 22 años. Aun así, existe cierta división, como lo evidencia la crítica dentro de la propia Iglesia a las actitudes tomadas por los padres Hartley y Rucquoy. Este último, que sepamos, es el único que ha publicado, con nombres y ubicación, un listado de los “buscones” que traen haitianos ilegalmente a través de la frontera.

El papa Benedicto XVI, al recibir a los obispos dominicanos en julio de 2007, les comentó que en el campo de la migración “dedicáis muchos esfuerzos para atender a los grupos de dominicanos en el extranjero, pero también os invito de todo corazón a acompañar con gran caridad, como ya lo estáis haciendo, a los inmigrantes haitianos que han dejado su país buscando mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Me complace constatar que ya habéis tenido contactos con los hermanos obispos de Haití para tratar de aliviar la situación de pobreza, e incluso de miseria, que ofende la dignidad de tantas personas de esa nación hermana”. Esta exhortación es algo ambigua, pero todo indica que el sumo pontífice lo que le ha pedido a los obispos es defender más a los haitianos residentes en el país.

Por su parte, el Banco Mundial publicó en 2002 un trabajo que evidenciaba que la presencia masiva haitiana empeoraba la distribución del ingreso en nuestro país, pero desde entonces este organismo ha hecho mutis sobre el tema.

Si sumamos los sectores económicos que favorecen la presencia haitiana, obtenemos que suman una tercera parte de nuestro producto nacional bruto. Pero eso no indicaría nada si existiese la voluntad política para enfrentar la situación.

Desde hace 17 años, aprovechando encuestas políticas, hemos hecho la siguiente pregunta: “Muchos haitianos que viven en nuestro país entraron ilegalmente, ¿cree usted que deben ser devueltos a su país, es decir deportados a Haití, o deben quedarse aquí?”. En 1990, un 51% consideraba que deberían ser devueltos, un 44% pensaba que deberían quedarse en el país, y un 5% no tenía opinión, o no contestaba. Hace 17 años, pues, la población estaba dividida con relación al tema de la deportación. Varios años después hicimos la misma pregunta y los que opinaban que debían ser devueltos habían subido a un 74%, mientras que los que pensaban que deberían quedarse habían bajado a un 22%.

En mayo de 2006, es decir, el año pasado, la misma empresa encuestadora, Penn, Schoen & Berland, hizo la misma pregunta y la respuesta fue 88% a favor de la deportación y sólo un 9% a favor de que se quedasen. En 16 años, pues, la opinión pública se ha radicalizado a favor de la deportación, probablemente debido a la mayor presencia de haitianos en el país. La Gallup, en noviembre de 2005, preguntó qué debería hacer el Gobierno con los ciudadanos haitianos que estaban en el país. Planteó cinco alternativas, entre las que el encuestado debería escoger una. Un 36% opinó que sólo debería repatriarse a los haitianos ilegales que estuviesen o no trabajando; un 34% consideró que todos deberían ser repatriados, legales o ilegales. Un 8% consideró que debería repatriarse a aquellos que no estuviesen trabajando, sin importar si eran legales o ilegales. Consecuentemente, los que aprobaron cierto tipo de deportación sumaron un 78%. Apenas un 17% optó por una de las cinco opciones ofrecidas, que era hacer un censo para darles una cédula de identidad que indicase que son extranjeros con residencia legal en el país. Tan sólo un 2% planteó que debería dejarse que vivieran en el país tranquilamente, sin importar si son legales o ilegales.

Esa misma firma encuestadora preguntó en qué situación se debería entregar un acta de nacimiento y cédula a los haitianos, reconociéndoles iguales derechos que a los dominicanos. Al encuestado se le presentaron tres opciones. En el caso de hijos de padre y madre haitianos o haitianas ilegales que viven en el país, un 74% se opuso a la entrega de actas de nacimiento y cédulas. En el caso de hijo de haitiano o haitiana ilegales, procreados con dominicana o dominicano, un 64% estuvo a favor de la entrega de documentación y un 30% en contra. En el caso de hijos de padre y madre haitianos que viven legalmente en el país, un 55% estuvo a favor de la entrega de documentos y un 40% se opuso.

Otra pregunta de la Gallup tenía que ver con la solución de los problemas de Haití. Se dio la opción de votar a favor de que Haití buscase la ayuda de todos los países de América que pudieran hacerlo, o de todos los países ricos del mundo que pudiesen hacerlo, o con la ayuda del pueblo dominicano. Un 17% se inclinó por la ayuda de los países de América; un 70% la ayuda de todos los países ricos del mundo y tan sólo un 7% que los haitianos resolviesen sus problemas con la ayuda del pueblo dominicano. Un 5% optó porque los haitianos resolviesen sus problemas entre ellos, pues no necesitaban ayuda.

La encuesta Barómetro de las Américas preguntó en junio de 2006 si el encuestado estaba de acuerdo o en desacuerdo con que los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en el país deberían ser dominicanos. En una escala de 0 a 100 puntos, con los valores más altos señalando mayor aprobación al otorgamiento de la ciudadanía, el promedio de respuesta fue de 43.4, lo que significa que la población está dividida casi por la mitad sobre este asunto. También se preguntó si se estaba de acuerdo o en desacuerdo con que el Gobierno dominicano otorgue permisos de trabajo a los haitianos indocumentados residentes en el país. El promedio de respuesta fue de 40.9, lo que también significa que la población está dividida casi por la mitad sobre la pregunta.

Lo dividido que está el país con relación al tema de la presencia de la mano de obra haitiana produce, como consecuencia, una ausencia de política gubernamental al respecto. El reglamento sobre la Ley de Migración, que por virtud de esa nueva ley debió de estar vigente en febrero de 2005, sigue sin aprobarse. No se crea un cuerpo especializado dentro de las Fuerzas Armadas para dedicarse exclusivamente a deportar de forma civilizada. No se sanciona a los patrones que emplean indocumentados.

El Gobierno no prohíbe, por decreto, que las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Migración sigan con su tradicional política de autorizar el cruce de haitianos para el corte de la caña. Tampoco modifica la ley del primer año de la dictadura de Trujillo que autoriza a los guarda-campestre, empleados de los ingenios, a arrestar a cortadores de caña. Si ambas medidas se tomaran, los haitianos no podrían alegar que fueran traídos al país engañados, pues se les prometió trabajar en otros sectores y no el cañero.

Tampoco podrá argumentarse que esos cortadores no pueden abandonar los bateyes. Sin embargo, implicaría que todos, incluyendo los ingenios, estarían utilizando mano de obra indocumentada, sin trámites migratorios, con sus implicaciones en lo relativo a las leyes laborales y la seguridad social.

Esa parálisis, esa inercia gubernamental trae como corolario la búsqueda de chivos expiatorios. Como nosotros mismos no decidimos qué hacer, culpamos al resto del mundo por nuestros problemas. De ahí la teoría, iniciada por Balaguer, de la conspiración internacional para que los dominicanos asuman el problema haitiano. Cuando dominicanos como Huchi Lora preparan una serie de presentaciones por televisión exponiendo los problemas de los bateyes, nadie se queja, pero cuando extranjeros hacen lo mismo, entonces culpamos hasta a los sindicatos agrícolas europeos. Cuando el Papa habla sobre el asunto, tergiversamos sus palabras y lo felicitamos.

Como dijo Shakespeare: “La culpa no está en las estrellas, sino en nosotros mismos”.

Bernardo Vega es licenciado en Economía por el Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Es miembro numerario de la Academia Dominicana de Historia y principal ejecutivo de la Fundación Cultural Dominicana. Es autor de más de cuarenta libros, la mayor parte de ellos sobre historia dominicana, aunque también ha escrito novelas, análisis económicos y obras sobre arqueología. Fue embajador dominicano ante la Casa Blanca y director del periódico El Caribe.


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