Artículo de Revista Global 85

En el centenario de la Reforma universitaria de Córdoba

La Reforma universitaria de Córdoba ha quedado en la memoria histórica como la revolución estudiantil más relevante de su época. Con sus luchas, proclamas y demandas, esta reforma y el movimiento estudiantil introdujeron en América Latina una forma de organización de las instituciones públicas de educación superior que aún sigue vigente. A continuación, se hace un análisis histórico de la reforma, se comenta su expansión en toda América Latina y se evalúan sus logros en relación con la educación superior del futuro.

En el centenario de la Reforma universitaria de Córdoba

Hace cien años, en junio de 1918, en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), se vivió un proceso histórico que trascendió el país y tuvo un notable impacto en el resto de América Latina. Una revolución estudiantil alzaba su voz para exigir cambios radicales en el marco de una institución que desde sus orígenes se encontraba deformada: la universidad.

Hasta finales del siglo XIX, el activismo político se había mantenido fuera de los recintos universitarios en América Latina. Esto se debía, en principio, a que en su mayoría el estudiantado estaba conformado por miembros de los sectores más altos de la sociedad, así como por integrantes del sector eclesiástico. Por esa razón, las universidades eran consideradas «corporaciones cerradas».

Desde la época colonial, las universidades habían surgido en América Latina ya fuera por intervención de la Iglesia católica, mediante bula papal, o de la corona española, por medio de decreto real. El modelo de inspiración provenía principalmente de la tradición escolástica de las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares.

Debido a que solamente el imperio español fundó universidades durante el período colonial —no lo hicieron los franceses, ingleses u holandeses—, las colonias españolas fueron, en realidad, las primeras en el Nuevo Mundo donde se fundaron instituciones de educación superior.

La primera fue la Universidad Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, la cual abrió sus puertas en 1538. Posteriormente, se le agregaron la de San Marcos, en Lima (Perú), en mayo de 1551; la Real y Pontificia Universidad de México, en septiembre de 1551; y la Universidad de Santo Tomás, en Nueva Granada, en los territorios donde hoy está Colombia, en 1580.

La tradición de la universidad colonial española en América se caracterizó por una visión medieval de la forma de enseñanza y por la difusión de contenidos curriculares concentrados en el trívium, esto es, en la enseñanza de griego, latín y matemáticas.

No obstante, a partir del siglo XII, la universidad medieval europea evoluciona. Se produjo un cambio de la universitas scholarium, en la que los estudiantes se organizaban para contratar a maestros y el rector resultaba ser un estudiante (el prototipo era la Universidad de Bolonia), a la universitas magistrorum, donde los docentes eran quienes regían, y el rector, un profesor (el prototipo era la Universidad de París).

Como consecuencia de las luchas independentistas del siglo XIX, que significaron una ruptura con el orden colonial español, empezó a producirse un distanciamiento con las instituciones eclesiásticas, hasta el punto de que llegó a establecerse una distinción entre el mundo secular y el espiritual, o entre el Estado y la Iglesia.

Por consiguiente, durante esa época se produjo una mayor receptividad de las ideas más liberales y democráticas provenientes de la Ilustración, las cuales sirvieron de base o fundamento ideológico al movimiento independentista latinoamericano.

Conjuntamente con ese proceso, se produjo en Europa el triunfo de la Revolución francesa y la llegada de Napoleón al poder a fines del siglo XVIII. Como resultado, en el ámbito académico se asume el modelo de universidad imperial o napoleónica. En ese nuevo modelo, todas las etapas de la educación, desde la inicial hasta la superior, estaban sujetas a la intervención del Estado. Se organizaron las escuelas profesionales, llamadas facultades, para el estudio de la medicina, el derecho y la pedagogía.

El sistema francés se caracterizó por la estandarización y regularización del currículum y los procedimientos de admisión. No había opciones sobre las materias que debía cursar el estudiante, que debía limitarse a aquella oferta rígida de la universidad.

Por la misma época, a principios del siglo XIX, en Alemania se instaló el sistema ahora conocido como humboldtiano, en honor a Wilhelm von Humboldt, que ha sido llamado «el padre de la universidad moderna» y cuyo nombre se dio a la Universidad de Berlín. El «ideal de Humboldt» tiene su base en la Ilustración. Para Humboldt, la educación superior debía permitir a los estudiantes convertirse en individuos autónomos y ciudadanos del mundo, desarrollando su poder de razonamiento en un ambiente de libertad académica. Consideraba a la universidad «no como un simple canal de transmisión de conocimientos, sino como un motor que permite hacer avanzar a la ciencia».

En el proceso posterior a la independencia de América Latina, específicamente en el caso de Argentina, la construcción del Estado nacional estuvo, en un primer momento, bajo el control de los propietarios de grandes extensiones de tierra, identificados, en algunos lugares, como gran oligarquía terrateniente. Se apoyaban, para la generación de riquezas, en el modelo primario–exportador, mediante la producción y exportación de productos agrícolas y minerales.

Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XIX y principios del XX, una ola de migrantes procedentes de Suiza, España, Italia, Alemania, Francia, Rusia, Ucrania y Polonia comenzó a establecerse en Argentina.

Esa ola migratoria dio lugar a un proceso de transformación económica y social, desde sociedades agrarias tradicionales, primario-exportadoras, como hemos dicho, hacia un proceso incipiente de industrialización, que implicó una evolución desde una fase precapitalista de desarrollo hacia una de tipo capitalista.

Así, de esa manera, se creó y expandió una clase media. Se formaron los primeros sindicatos de trabajadores y se difundieron las nuevas ideas socialistas y anarquistas, provenientes de los círculos revolucionarios europeos. Pero lo más importante, desde el punto de vista político, es que, como resultado de la transformación económica y social generada por la masiva migración europea, se produjo en Argentina un proceso de democratización.

Ese proceso, que implicó un quebrantamiento del sistema conservador, oligárquico y tradicional que imperaba en aquella época, fue el que permitió el triunfo del sufragio universal (aunque limitado solo a hombres, en aquel entonces), obligatorio y secreto, que, a su vez, llevó por primera ocasión a la Unión Cívica Radical y a Hipólito Yrigoyen al poder en 1916.

Revueltas estudiantiles

Por aquellos tiempos había cinco universidades en Argentina, todas de carácter público: las de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Tucumán y la del Litoral Santa Fe.

En el contexto previamente esbozado, la clase media, más sensible a la noción de libertad, fue la que empezó a incidir para que, en una de esas universidades, la Nacional de Córdoba, tradicionalmente conservadora y bajo el control de los jesuitas, surgiera el planteamiento de la necesidad de una reforma universitaria.

Pero los acontecimientos de Córdoba no emergieron de forma espontánea en 1918. Los antecedió un ciclo de rebeliones estudiantiles que comenzaron, precisamente en Argentina, a partir de 1871, cuando empezó a emerger la fuerza de los movimientos estudiantiles en América Latina.

En diciembre de 1871, un estudiante de la Universidad de Buenos Aires se suicidó tras reprobar una asignatura. Este hecho llevó a sus compañeros a reunirse en el llamado Movimiento 13 de Diciembre, cuya primera exigencia fue la renuncia de los miembros de la mesa evaluadora del estudiante. Luego ampliaron su reclamo pidiendo una reforma universitaria basada en los principios liberales, entonces en vigor, la independencia y la autonomía financiera de la universidad. A pesar de no conseguir plenamente sus objetivos, los estudiantes lograron incorporar el tema universitario en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en 1873, que establecía el sistema de facultades de dicha universidad.

Posteriormente, entre 1903 y 1906, los centros de estudiantes de Medicina, Ingeniería y Derecho organizaron también levantamientos en contra del régimen de exámenes, del nivel de los aranceles y a favor de la docencia libre en el referido centro de educación superior.

Además de en Buenos Aires, a finales del siglo XIX se produjeron también movimientos estudiantiles en Chile y Uruguay, con la finalidad de reclamar reformas universitarias. El criterio era que la generalidad de las instituciones de educación superior de la época se enfocaba fundamentalmente en las profesiones liberales, dejando de lado las áreas científicas.

En tal sentido, a principios del siglo XX, un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, creó la Federación de Estudiantes de dicha entidad educativa. Su objetivo consistía en promover la extensión universitaria, un mayor acercamiento a la sociedad y la realización de ciclos de conferencias para obreros.

En el caso de Uruguay, en 1893 se creó la Asociación de Estudiantes, la cual, a partir de 1905, inició varias protestas con el objetivo de eliminar la asistencia obligatoria y el tipo de examen de admisión. Esa asociación de estudiantes uruguayos organizó el primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos, que se efectuó en enero de 1908 en Montevideo, la capital uruguaya. A esa reunión asistieron 113 representantes provenientes de siete países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Cuba y Guatemala participaron con delegados uruguayos. El encuentro contó también con el visto bueno de Costa Rica, Honduras y tres universidades estadounidenses, que, aunque no estuvieron presentes, mandaron sus respectivos mensajes de apoyo.

Durante ese cónclave internacional, los representantes estudiantiles debatieron, por vez primera en el continente, acerca del carácter estatal o privado del sistema de educación superior. De igual manera, en relación con los estudios libres, el régimen de exámenes, la homologación de títulos, los estudios de secundaria, la ingeniería, la arquitectura, el derecho y la medicina.

El intercambio de ideas sobre esos temas puso de manifiesto el carácter reformista, liberal, que para entonces tenía el movimiento estudiantil. De lo que se trataba, en verdad, hasta entonces, era de facilitar el acceso de los sectores sociales menos aventajados al sistema de educación superior. No había el radicalismo ni el propósito de vincular los temas universitarios con lo que ocurría en el resto de la sociedad. Eso vendría en futuras contiendas universitarias.

En ese contexto el entonces estudiante y futuro presidente de Uruguay, Baltasar Brum, lanzó la siguiente proclama, que fue aprobada mayoritariamente por los asistentes. Decía así: «El primer congreso internacional de estudiantes americanos acepta como una aspiración, que es de desearse sea llevada pronto a la práctica, la representación de los estudiantes en los consejos directivos de enseñanza universitaria, por medio de delegados nombrados directamente por ellos y renovados con la mayor frecuencia posible».

Un año después de la celebración del Congreso de Estudiantes, en 1909, los legisladores uruguayos aprobaron una nueva Ley Orgánica de la Universidad de la República. En ese texto legal, se tomó en consideración la participación de los estudiantes, una medida que fue considerada como esencial para el objetivo de conquistar en el futuro la consagración del cogobierno estudiantil universitario.

En ese primer congreso universitario de Uruguay se aprobó también la fundación de una Liga de Estudiantes Americanos. Esta celebró en 1910 su segundo congreso, en Buenos Aires, y su tercero en Lima, Perú, en 1912; aunque se quiso efectuar un cuarto encuentro en Santiago de Chile, en 1914, este no pudo llevarse a cabo.

La Reforma de Córdoba

La Reforma universitaria de Córdoba ha quedado en la memoria histórica como la revolución estudiantil más relevante de su época. Esto se debe a que implicó una ruptura sin precedentes no solo en lo que compete a la educación superior, sino también con respecto a la forma en que venía evolucionando en aquel momento la sociedad argentina y latinoamericana, en general.

La Universidad de Córdoba, la primera fundada en Argentina, en 1613, había estado bajo la influencia oligárquica, o de los sectores más conservadores de la sociedad y del clero, como hemos señalado, al margen de los llamados reformistas provenientes de varias federaciones de estudiantes que se habían formado en la Universidad de Buenos Aires.

Luego de un descontento de los estudiantes de Córdoba por varios cambios en los reglamentos de la institución, así como por la elección de un rector considerado conservador, se convocó una huelga y a la formación de un Comité pro Reforma, el cual fue ganando adeptos en la casa de estudios superiores.

El movimiento estudiantil resultó tan exitoso que, durante cuatro días de junio de 1918, en solidaridad con las luchas que estaban teniendo lugar en la Universidad Nacional de Córdoba, se declaró en toda Argentina un paro general de los estudiantes.

El documento cumbre, el más representativo que surgió de los movimientos de protesta universitaria de 1918, fue el Manifiesto Liminar, el cual vio la luz el día 21 de junio de ese año. Fue firmado por la Federación de Estudiantes de Córdoba, pero su autoría le correspondió al destacado abogado Deodoro Roca. En su párrafo inicial, ese documento histórico dice así: «Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana».

El Manifiesto Liminar es, en esencia, una denuncia del modelo de organización universitaria existente hasta el momento. Se procuraba su sustitución mediante la autonomía política, docente y administrativa de la universidad. Igualmente, el cogobierno estudiantil; la elección de las autoridades por medio de asambleas con representación de profesores, estudiantes y egresados; la celebración de concursos públicos para la selección de docentes; la asunción por parte de la universidad de responsabilidades políticas y defensa de la democracia; la libertad de cátedra, y la libre asistencia a las clases.

Era un llamado al rompimiento con los esquemas previos de imposición colonial, oligárquica y eclesiástica predominantes en las instituciones de educación superior de antaño. En tal virtud, la reforma de Córdoba fue, al mismo tiempo, anticlerical y antiestatista.

Naturalmente, la noción de autonomía universitaria no nació de la rebelión estudiantil en Córdoba. La autonomía universitaria es un concepto tan viejo como las propias universidades. Ya en Bolonia, en plena época medieval, se hacía referencia a la autonomía universitaria. También en la Universidad de París, y lo mismo en Oxford, Cambridge y Salamanca. En fin, desde sus orígenes, en todas las instituciones importantes de educación superior, había predominado el concepto de autonomía universitaria.

Las universidades medievales europeas asumieron la noción de autonomía universitaria como una especie de independencia o libertad con respecto al poder establecido: el poder del clero o del Estado.

Cuando se reflexiona sobre el tema de autonomía universitaria, lo que se pone de manifiesto es cómo se organiza e institucionaliza la vida interna de la universidad. En el caso de las universidades latinoamericanas, a partir de la reforma de Córdoba, la autonomía universitaria implicó, además, que las autoridades estatales, especialmente las fuerzas del orden, no estaban facultadas para penetrar en los recintos o campus de las universidades.

Más aun, como resultado de la autonomía universitaria, sus integrantes, docentes, estudiantes y personal administrativo, tendrían el derecho y la libertad de escoger libremente a sus autoridades mediante el diseño de unos estatutos propios de la universidad.

Esa práctica ejercida, desde entonces, en toda la región no se limitó a una configuración jurídica de escogencia de autoridades universitarias. Por el contrario, se extendió a otros conceptos que aún en la actualidad resultan importantes, como el de libertad y opción de cátedra.

Con relación al primer concepto, se trata de un tipo de libertad de expresión en la que no puede haber censura previa con respecto a lo que el catedrático o profesor pudiese enseñar. El segundo, la opción de cátedra, se refiere a que no sea un solo docente el que pueda impartir una determinada asignatura, sino que existan diversidad de posibilidades.

En resumen, como resultado de la Reforma universitaria de Córdoba surgió una nueva manera operativa de funcionamiento de las universidades que no se conocía antes en la región. Esa forma operativa, conjuntamente con los valores y criterios de funcionamiento de las mismas, se extendió hasta la actualidad.

Con sus luchas, proclamas y demandas, el movimiento estudiantil de Córdoba introdujo en América Latina, hace un siglo, una forma de organización de las instituciones públicas de educación superior que aún sigue vigente en este siglo XXI.

Expansión del movimiento

El Manifiesto Liminar hizo un llamado en su parte final «a los compañeros de América toda», invitando a extender el movimiento más allá de la Universidad de Córdoba. Este llamado fue exitoso, y pronto empezaron a surgir movimientos similares en el resto del continente.

El primer país donde se sintieron los efectos de la Reforma universitaria de Córdoba fue Perú. Desde 1907, los estudiantes peruanos habían expresado sus inquietudes, pidiendo el establecimiento de cátedras libres y representación en el Consejo Universitario.

El personaje más destacado de ese proceso fue el entonces presidente de la Federación de Estudiantes de Perú, Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), considerado uno de los líderes políticos más influyentes de toda América Latina.

En 1919 se celebró en Cuzco (Perú) el primer Congreso Nacional de Estudiantes, enfocado no solo en lo concerniente a la reforma universitaria, sino en los distintos problemas económicos, sociales y políticos del país, como, por ejemplo, la pobreza y exclusión de las comunidades indígenas.

En conjunto, en ese congreso, los temas tratados fueron los relativos a la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la representación estudiantil en el gobierno de la universidad, el derecho a la huelga universitaria, el acercamiento de los estudiantes a los obreros y la creación de universidades populares.

Fruto de ese cónclave estudiantil, surgieron las Universidades Populares Manuel González Prada, una nueva forma de pedagogía universitaria que permitía el acceso de obreros a las aulas, con programas flexibles donde la docencia se impartía dos noches a la semana.

González Prada había sido el más notable pensador, ensayista, poeta y actor político de su tiempo en Perú, y, por lo tanto, no podía haber nombre más apropiado que el suyo para designar a dicha universidad popular.

Por su parte, José Carlos Mariátegui, autor de Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, se identificó con la corriente marxista de análisis de la realidad económica y social; y en el aspecto educativo, en su opúsculo Escritos de política y educación, expresó su preocupación sobre lo alejado que se encontraba el sistema educativo de las necesidades económicas de Perú.

En Chile, la ola reformista llegó en 1920-1922. La Federación de Estudiantes de ese país fue la propulsora de los principios de la reforma y se caracterizó por su alto grado de politización. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en su intervención en la llamada Guerra de don Ladislao en 1920. En esa ocasión la Federación denunció una estrategia del Gobierno de simular una amenaza de guerra con Perú para apagar las luchas estudiantiles y sociales.

A pesar de que la autonomía universitaria fue concedida durante el gobierno del general Carlos Ibáñez, al que se opuso la Federación de estudiantes por considerarlo un dictador, en los hechos no se realizó hasta la caída de su gobierno en 1931, bajo el mandato de Juan Esteban Montero.

En el caso de México, pocos años después, en 1921, se realizó el Primer Congreso Internacional de Estudiantes, del cual surgiría la Organización Internacional de Estudiantes. La fase armada de la Revolución mexicana de 1910 había terminado con éxito, dando inicio a un largo proceso de consolidación política, económica y social que se extendería hasta la época actual. En aquel entonces, México estaba gobernado por el presidente Álvaro Obregón, quien nombró al reconocido intelectual José Vasconcelos como rector de la Universidad Nacional.

En el congreso de estudiantes se procedió a la realización de un proceso de diálogo y reflexión en torno al papel de la universidad, tanto en su aspecto académico, de investigación y extensión, como en su vinculación con el conjunto de la sociedad. Como miembros de la delegación de la República Dominicana a ese congreso estudiantil, asistieron Pedro Henríquez Ureña y Carlos Deambrosis Martins.

Los grupos estudiantiles que se formaron en esa época de los años 20, 30 y 40 estaban integrados por jóvenes que en el futuro desempeñarían roles relevantes en la vida pública de sus respectivos países en el ámbito político, cultural y académico. Fue el caso, por ejemplo, en Colombia, de Germán Arciniegas, quien estuvo al frente de las luchas estudiantiles. En Guatemala, de Juan José Arévalo, que luego resultó ser el primer presidente electo democráticamente después de las dictaduras que tuvo su país. En Venezuela, de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Jóvito Villalba quienes luego desempeñaron roles fundamentales en las luchas democráticas de la patria de Bolívar. En Cuba, de Julio Antonio Mella, quien se distinguió en los años 20 en la lucha del movimiento estudiantil, en un momento en que desde la Universidad de la Habana se libraba una lucha encarnizada contra la dictadura de Gerardo Machado. Posteriormente, Eduardo Chibás, fundador del Partido Revolucionario Cubano Ortodoxo, también encabezaría movimientos de protesta para alcanzar una sociedad más justa y democrática. Finalmente, se integró a las luchas del movimiento estudiantil Fidel Castro, quien cursaba estudios de Derecho en la Universidad de La Habana.

Debido a la larga dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, los vientos de la Reforma universitaria de Córdoba no llegaron a la República Dominicana en la misma época en que alcanzaban a otros países de América Latina. Fue con la muerte del dictador, en 1961, cuando pudo establecerse en la Universidad de Santo Domingo, sucesora de la antigua Santo Tomás de Aquino, el concepto de autonomía universitaria. Posteriormente, luego de la Revolución de Abril de 1965, se inició en la Universidad Autónoma de Santo Domingo el Movimiento Renovador, que puso en marcha el conjunto de medidas asumidas en la Reforma de Córdoba, más algunas innovaciones propias presentadas por miembros de su claustro universitario. Fue, pues, casi medio siglo después de los acontecimientos de Córdoba cuando la más vieja universidad del Nuevo Mundo pudo adaptar sus estructuras y su visión de la educación superior a los estándares concebidos en la universidad argentina.

El movimiento de reforma universitaria nacido en Córdoba en 1918, inspirado en los ideales de democracia, libertad y cambio social, reconoció a distinguidos intelectuales y notables luchadores latinoamericanos como maestros de la juventud. Entre estos figuran personajes de tanta trascendencia histórica como el cubano José Martí, el uruguayo José Enrique Rodó, los argentinos José Ingenieros y Alfredo Palacios, y los peruanos Manuel González Prada y José Carlos Mariátegui.

Evaluación y futuro

La adopción de los conceptos de autonomía universitaria y de cogobierno estudiantil, incorporados durante los últimos cien años en los centros universitarios latinoamericanos como consecuencia de la Reforma universitaria de Córdoba, ha sido positiva.

Durante ese tiempo, las autoridades han sido electas no por las instancias gubernamentales, sino por los integrantes del claustro universitario. Los estudiantes han desempeñado un rol más activo en lo concerniente al funcionamiento de la institución universitaria. Se ha garantizado el pleno ejercicio de la libertad de cátedra, se ha avanzado en la realización de importantes investigaciones científicas en distintos ámbitos del saber y se ha llevado a cabo una labor de extensión universitaria hacia las comunidades.

Debido a las cruentas dictaduras que se escenificaron en la casi generalidad de los países de la región, durante aproximadamente 60 años, desde que se produjo la Reforma universitaria de Córdoba en 1918 hasta finales de la década de los 70, muchas universidades se convirtieron en bastiones de la libertad y la democracia.

Además, debido a la reforma universitaria, en medio de las limitaciones impuestas por los regímenes autoritarios, numerosas instituciones de educación superior de la región sirvieron, de refugios del pensamiento progresista.

A partir de la década de los 80, la tercera ola de democratización que América Latina había experimentado en el transcurrir de su historia logró extenderse por toda la región. A pesar de eso, muchas universidades siguieron ancladas en el pasado. Continuaron operando como en la época de predominio de los regímenes dictatoriales. Habían logrado emanciparse del Estado y del clero, pero en la nueva fase democrática habían sucumbido a una nueva forma de control: la de los partidos políticos.

En muchos países el movimiento estudiantil no ha estado inspirado en el objetivo de contribuir a un mejoramiento de la calidad académica de las universidades, de generar conocimientos, de difundir nuevas ideas y de extender la cultura al resto de la sociedad. Por el contrario, se ha convertido en apéndice de los partidos políticos, que ahora son los que de manera directa inciden en la elección de autoridades universitarias, de las federaciones estudiantiles y en la composición del personal administrativo.

En muchos países las universidades han terminado siendo rehenes de los partidos políticos, lo que ha ocasionado su estancamiento. Lo que prevalece es una extensión hacia el ámbito universitario del sistema partidocrático, que interviene en la esfera de las instituciones de la sociedad civil.  Al incursionar en el quehacer universitario, los partidos políticos despojan de su plena independencia y libertad a los movimientos estudiantiles, que pasan a concentrarse casi exclusivamente en los problemas de carácter político, en desmedro de los de naturaleza académica-universitaria.

El movimiento estudiantil no debe colocarse al margen de lo que acontece en la sociedad, pero tampoco debe renunciar a la agenda propiamente universitaria.

Una gran meta u objetivo por lograr con miras hacia el futuro es que las organizaciones estudiantiles universitarias, así como la universidad en general, funcionen con independencia de los partidos políticos. De esa forma podrán asumir una agenda académica, de docencia, investigación, difusión y extensión universitaria.

En razón de lo que se ha dado en identificar como «politización de las universidades públicas», a partir de la década de los 80 se incrementó el número de universidades privadas en América Latina. Pero tanto las públicas como las privadas, cuando se las mide en un ranking mundial, se encuentran en posiciones de desventaja.

Eso significa que las universidades en América Latina tienen que producir cambios significativos en los años por venir si han de jugar un rol relevante o de importancia en el desarrollo de los países de la región.

Durante los últimos 30 años la humanidad ha entrado en una fase de profundos cambios, en la que un modelo de sociedad industrial ha sido sustituido por otro de sociedad posindustrial o sociedad del conocimiento. En la misma medida en que este fenómeno ha estado ocurriendo en el aspecto económico y social, de igual manera las universidades han ido ajustándose a esa nueva realidad.

El modelo universitario propio de una sociedad industrial, como el de la Universidad de Berlín, se extendió hacia los Estados Unidos, donde fue adoptado por las universidades de Johns Hopkins, Harvard y Yale. A través de ellas se elaboraron métodos de análisis fundamentados en el uso de estadísticas y en investigaciones empíricas cuantificables; se introdujeron también nuevas ideas relacionadas con la gerencia empresarial y los mercados laborales.

Pero en la sociedad del conocimiento se crea un nuevo modelo de universidad en el que el conocimiento, como tal, adquiere una nueva dimensión. Esa nueva dimensión consiste en que, además de su aplicabilidad práctica, el conocimiento se mide en el impacto que pueda tener en el crecimiento económico de la sociedad.

En la sociedad del conocimiento, las universidades realizan investigaciones en ciencia aplicada que conducen al registro de patentes, protegidas por el derecho de propiedad intelectual, que dan lugar a la innovación productiva y, por consiguiente, al establecimiento de una nueva relación entre conocimiento, desarrollo y sociedad.

La actual sociedad del conocimiento está caracterizada por una revolución tecnológica que incluye, entre otras, las tecnologías de la información y la comunicación, la revolución digital, la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología y la nanotecnología.

Con motivo del surgimiento de la sociedad y la economía del conocimiento, se ha producido una aceleración del proceso de cambio, tomando en cuenta dos conceptos claves del proceso de globalización: tiempo y espacio.

La aplicación de las nuevas tecnologías conlleva una disminución del tiempo y una contracción del espacio. El principio de la simultaneidad impera, las barreras espaciales desaparecen, y todo eso, naturalmente, va a influir en el siglo XXI en la forma de funcionamiento de las universidades, las cuales, además de recibir el impacto de la revolución digital, se han masificado e internacionalizado.

En el año 2000, la matrícula universitaria en América Latina era de once millones de estudiantes. Quince años después, en el 2015, había aumentado en más de un 100%. En la actualidad, hay más de 25 millones de estudiantes universitarios en América Latina, más de 10,000 instituciones de educación superior y de 60,000 programas académicos.

Desde el año 2000, se abrieron el 25% de las actuales instituciones de educación superior, se crearon el 50% de los actuales programas educativos, y el 14% de la población en edad laboral completó estudios de educación superior.

La proyección es que para el 2025 habrá entre 32 y 35 millones de estudiantes. Este ha sido un fenómeno altamente significativo para la región. Nunca tan alta proporción de la población, sobre todo de estudiantes provenientes de las capas bajas de la sociedad, había accedido a los niveles de educación superior. Sin embargo, para que esto redunde en provecho del desarrollo de los países de América Latina, se hace imprescindible realizar una nueva reforma que determine la naturaleza y el sentido de la universidad.

Cuando a principios de los años 90 se pasó del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) a la conformación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se planteó que las instituciones de educación superior representaban un servicio comercial, lo que, por supuesto, generó una gran indignación porque reducir el conocimiento en la educación superior a un servicio comercial equivalía a decir que las universidades representan un sistema de mercantilización del conocimiento.

Sin embargo, una mejor noción sobre la naturaleza de la educación universitaria se puede encontrar en la segunda Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), que la identificó como un bien social, un derecho humano y una obligación del Estado.

Esto último, combinado con una nueva oferta curricular, una mejoría en la calidad docente y de investigación, así como una adaptación a los nuevos requerimientos de la sociedad del conocimiento, constituyen, a cien años de la Reforma universitaria de Córdoba, los nuevos desafíos de la universidad en América Latina.

Leonel Fernández es un político, abogado, catedrático y escritor dominicano. Ha sido elegido en tres ocasiones presidente de la República Dominicana. Investido con el título de doctor honoris causa por reconocidas universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina. Es autor de los libros Los Estados Unidos en el Caribe, Raíces de un poder usurpado, El nuevo paradigma, El delito de la opinión pública, Años de formación y Democracia, modernidad y progreso: Discursos del Presidente Leonel Fernández.


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