Artículo de Revista Global 56

Paro agrario en Colombia: ¿presagio de lo que vendrá?

En agosto de 2013, los campesinos colombianos lograron sorprender y despertar a todo el país. A través de varias semanas de paro, bloqueos y manifestaciones obligaron la sociedad a volver la mirada hacia el campo, sus actores, sus problemáticas y sus productos. Frente a una inicial actitud «negacionista» por parte del Gobierno, el movimiento campesino supo mantenerse firme y fortalecer, cada día más, sus acciones y los vínculos con otros gremios y articulaciones urbanas. En este artículo se recorren los principales acontecimientos del paro agrario nacional e intentaremos vislumbrar sus principales causas y sus perspectivas desde el punto de vista del movimiento social.

Paro agrario en Colombia: ¿presagio de lo que vendrá?

Todo empieza siempre por una semilla…

A principios de agosto de 2013, empezó a circular con fuerza entre las redes sociales el documental «9.70», de la directora Victoria Solano. En él se recoge una de las consecuencias más devastadoras de la implementación de las recetas del «libre» comercio: la obligación para los agricultores de cultivar arroz con semillas certificadas. Pero no solamente arroz: también otro productos como maíz, sorgo o algodón. El título del documental hace referencia a la Resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario (ica), «por medio de la cual se establecen los requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas en el país, su control y se dictan otras disposiciones».

Dos artículos fundamentales de esta resolución son el 4 y el 15. En el primero se reconocen solo «dos sistemas para la producción y comercialización de semillas»: la semilla certificada y la semilla seleccionada. El artículo 15, por otro lado, concierne a la llamada «reserva de cosecha», una práctica milenaria que garantiza la supervivencia de la diversidad de especies y le garantiza al agricultor seguir sembrando y mejorando la calidad de sus cultivos. La resolución, en este caso, también es lapidaria y obliga al agricultor a respetar muchos requerimientos.

Según la documentación recopilada en un reportaje de NoticiasUNO,[i] el ica asegura que la destrucción de los 60,000 kilos de arroz grabada en el documental representó «la única oportunidad en la historia en la que el instituto ha adoptado como medida sanitaria la destrucción del material», declaración que se contradice con un informe interno de la institución, de octubre de 2011, en el cual se afirma, por ejemplo, que en el departamento de Córdoba se destruyeron casi 12 toneladas de algodón, 6 de sorgo y 4 de maíz. En Huila, además de los 60,000 kilos de arroz documentados por Victoria Solano, el ica destruyó 1,500 kilos de cacao, siempre basándose (supuestamente) en los aspectos sanitarios contenidos en la resolución 970.

Los tlc en debate

Obedeciendo al Consenso de Washington, Colombia abrió su economía desprotegiendo el mercado interno y eliminando aranceles y otras limitaciones a las importaciones; finalmente, consagró la nueva política económico-comercial en varios tratados de libre comercio (tlc): entre otros, con Canadá, con los países del efta, con los Estados Unidos, la Unión Europea y la República de Corea. «Las consecuencias no pueden ser más funestas –afirma Triana Suárez–. Pasamos de importar 700 mil toneladas de alimentos en 1990 a 10 millones en 2012. […] La superficie de cultivos transitorios descendió de 2 millones de hectáreas en 1993 a menos de 1.5 en 2011 y hoy gran parte de los más de 20 millones de hectáreas de tierras aptas para el cultivo, se dedican a ganadería extensiva, como también a plantaciones de palma africana, caucho, flores y caña para azúcar y etanol, mientras perdemos la soberanía alimentaria».[ii]

La que varios autores consideran «la segunda ola aperturista», caracterizada tanto por la inflación de tlc como por el proceso de reprimarización de la economía a través de las llamadas «locomotoras energético-mineras», dio el golpe final a la industria y a la agricultura: entre 1970 y 2010 la industria pasó de representar el 22% del pib al 14%, y la agricultura bajó del 24% al 7%.[iii] De esta situación, naturalmente, se aprovecharon fuertemente los Estados Unidos. Según la información del ustr –Office of the United States Trade Representative–, recopilada por Cabrera, las exportaciones estadounidenses de soya aumentaron un 46.7%, los productos lácteos un 21.4%, la carne de cerdo un 66%, las uvas un 36% y el trigo un 15%: «[…] el potencial del comercio entre EE. UU. y Colombia es emocionante. El Gobierno colombiano ha seguido políticas para promover la apertura de su mercado, y ha sido recompensado con más comercio. El futuro de nuestra relación económica, construido sobre el tlc, es brillante».[iv] Brillante para los Estados Unidos, obviamente.

Todo esto se refleja en la destrucción del empleo nacional. Con razón el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo recordaba, apenas seis meses antes de la entrada en vigor del tlc con los Estados Unidos, que Colombia aún no estaba preparada. A pesar de todo esto, después de haberse anunciado el paro agrario, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, presentó al Congreso el proyecto de presupuesto nacional para 2014, donde se recortaba la partida del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 700,000 millones de pesos colombianos. El panorama previo a las movilizaciones no fue para nada prometedor.

Hacia la movilización nacional: varios pliegos y reivindicaciones

El 30 de julio de 2013, la organización Coordinador Nacional Agrario de Colombia (cna) presentó sus exigencias en vista de la movilización nacional del 19 de agosto: cumplir con los acuerdos firmados anteriormente; solución política al conflicto armado; reconocimiento del campesinado como sujeto social y político; su permanencia en los territorios con autonomía y autodeterminación; frenar la gran minería trasnacional y proteger la pequeña minería, la minería ancestral y la minería  tradicional; oponerse a los tlc y a la importación de alimentos, y defender la economía campesina, la soberanía y autonomía alimentarias; oponerse a las fumigaciones; exigir subsidios para los insumos; condonar las deudas de los pequeños productores, respetar y garantizar la lucha agraria.[v]

El primero de agosto, los integrantes del Movimiento por la Dignidad Agropecuaria Nacional (mdan) firmaron un comunicado subrayando: «1) Que los acuerdos suscritos por los distintos sectores productivos con el gobierno, no se han cumplido; 2) Que, pese a los anuncios oficiales y a los compromisos adquiridos, todavía no se concreta el pago de subsidios al momento de la venta de los productos; […] 3) Tampoco el gobierno ha reunido las mesas que había prometido con relación al precio de los fertilizantes, agroinsumos, combustibles e importaciones; […] 4) Que con el ingreso del tlc con la Unión Europea, que se suma a otros como el de Estados Unidos, Mercosur y la Alianza Pacífico, se da un golpe de gracia definitivo a las actividades agropecuarias con lo cual cobra mayor importancia atender sin dilaciones ni trabas los apoyos convenidos; 5) Así mismo, rechazamos el decreto que pone en subasta las centrales de abastos y otras entidades del sector; […]».[vi]

El 8 de agosto de 2013, la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (mia) presentó las razones fundamentales para llamar a paro indefinido a partir del día 19 de agosto, exigiendo «una política pública agraria coherente con las necesidades del pueblo colombiano, la cual debe ser construida con la participación directa y decisiva del movimiento agrario y popular; una política pública que dignifique la calidad de vida de la población campesina, urbana, afrocolombiana e indígena, que reconozca la significativa participación que hoy día tiene la economía campesina y ancestral como un renglón estratégico de la economía nacional y la fortalezca».[vii] El pliego de peticiones presentado el 8 de agosto incluye 6 puntos principales: 1) implementar medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria; 2) garantizar el acceso a la propiedad de la tierra; 3) el reconocimiento a la territorialidad campesina; 4) la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera; 5) cumplir con las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural; 6) mayores inversiones sociales para la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos e infraestructuras víales. A pesar de que en este artículo no podemos detallar su contenido, este último pliego ha sido el más detallado y elaborado. En general, apunta hacia un desarrollo integral y alternativo y, en particular, subraya la importancia y el rol de las Zonas de Reserva Campesinas.

Presentar por lo menos estas tres demandas nacionales nos permite identificar posiciones distintas en el panorama de las recientes movilizaciones del mundo rural y urbano. La petición de las «dignidades» se basaría sobre todo en la defensa de la producción nacional, sin tocar el problema global de la tierra, así como ocurrió durante el paro cafetero, cuando estas organizaciones enfocaron las negociaciones en el tema de los precios, defendiendo más bien los intereses de los medianos y grandes productores. Según Fernando Dorado, activista social que ha seguido atentamente el desarrollo de las movilizaciones, «en el proceso organizativo de las “dignidades” se expresa la táctica de “alianza con la burguesía nacional”. Es por ello que desde que se fundó Unidad Cafetera y después el Movimiento de Salvación Agropecuaria, el tema de la tierra ha sido desconocido en sus pliegos de lucha. De allí que los dirigentes de las “dignidades” no hicieran ningún esfuerzo por coordinar el Paro y el Pliego con los otros dos sectores que se van a movilizar a partir del próximo lunes 19 de agosto, que tienen como punto principal el problema de la concentración y acaparamiento de la tierra».[viii]

En cambio, las demandas del cna y de la mia representan sobre todo los intereses de campesinos pobres y colonos, pero también otros. Surgen del trabajo en varias regiones y departamentos, como Nariño, Cauca, Huila, Putumayo, Caquetá, Meta, Catatumbo, Arauca y Guaviare, entre otros, donde encontramos «campesinos pequeños y medios que han podido capitalizar recursos de la economía cocalera [que] han logrado construir fincas que están en condiciones de integrarse a la economía formal» y una «importante masa de “raspachines” (jornaleros o proletarios del campo) que en gran medida, constituyen la avanzada principal de las movilizaciones y protestas (como se pudo observar en el pasado paro del Catatumbo)» (Dorado, 2013).

19 de agosto de 2013: el paro y la respuesta del Gobierno

Las movilizaciones campesinas y bloqueos de rutas fueron muchos pero dispersos. Se desarrollaron en 25 departamentos del país, con más de 50 puntos de interrupción del tráfico vehicular. Si por un lado tanto los productores de Boyacá y Cundinamarca como los de Nariño demostraron su fuerza, por el otro, los cafeteros bajaron notablemente su protagonismo respecto a la fuerza demostrada durante el paro cafetero en los meses de febrero y marzo. Sin embargo, «las marchas realizadas en solidaridad con el Paro por los trabajadores, maestros, estudiantes, trabajadores de la salud y otros sectores populares de las ciudades han sido también masivas en muchas capitales de departamento y muestran una reactivación del movimiento social que rechaza las políticas neoliberales y anti-populares del gobierno».[ix] En Bogotá, se reunieron varios sectores sociales en una masiva marcha por las calles del centro el jueves 29 de agosto. Lo lamentable fue que esta terminó con destrozos y enfrentamientos entre varios grupos –entre los cuales, como suele pasar, había muchos infiltrados– y las fuerzas policiales.

En general, en todo el territorio nacional, la respuesta militar y policial del Gobierno fue fuerte, en muchos casos anticipando localmente la avanzada de las agrupaciones campesinas hacia las carreteras principales. Se llevaron a cabo en todos los departamentos detenciones, también ilegales, de dirigentes y simples manifestantes; y gracias a las redes sociales fue posible conocer de innumerables hechos de intimidación y de extrema violencia.

La reacción del presidente Santos frente al paro agrario trajo consigo una de las crisis más agudas de su mandato. El inicial desconocimiento de la importancia de la protesta, con el fin de restar impacto a las movilizaciones, dio paso a la manida estrategia de señalarla como fruto de la infiltración de las farc. Al finalizar el 19 de agosto, primer día del paro, Santos afirmó que «el paro no había sido de la magnitud esperada». La estrategia del «negacionismo» hizo aguas cuando, el 25 de agosto, Santos llegó a afirmar que «el tal paro agrario no existe»; las declaraciones del Presidente indignaron a los manifestantes y generaron el apoyo por parte de nuevos colectivos y sectores urbanos. En ese momento, el paro duraba siete días, y se saldaba con varias personas muertas, denuncias por excesos de la policía y 160 heridos, así como pérdidas en la economía nacional estimadas en más de 25 millones de dólares (Dorado, 2013a).

En medio de la agudización de las movilizaciones, el Presidente tuvo que cambiar su posición y buscar el diálogo con los campesinos. El lunes 26 de agosto, viajó a la ciudad de Tunja para reunirse con algunos representantes del campesinado, particularmente con los productores de papas y leche. Allí, Santos reconoció la problemática agraria y rectificó sus declaraciones sobre la importancia del paro. El cambio en la actitud del Gobierno evidenció el fuerte impacto del paro y la capacidad de movilización de los campesinos. Tras dicha reunión, se acordó la creación de una mesa de negociación con los campesinos de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño. No obstante, para esta solo fueron considerados los sectores productores de papas y leche; si bien el Gobierno necesitaba buscar una salida a la situación, aún no estaba dispuesto a abrir la puerta a una discusión amplia sobre el desarrollo agrario donde todos los sectores estuvieran involucrados.

Acuerdos y desacuerdos

El miércoles 4 de septiembre, se hizo público un comunicado en el cual «el gobierno nacional se compromete a no aplicar la resolución 970 del 2010 a las semillas nacionales, y a trabajar en una mesa técnica el tema de semillas con delegados de la presente mesa, en la estructuración de una nueva propuesta sobres semillas certificadas que no afecten al productor agropecuario».[x] Como alternativa a la revisión de los capítulos agropecuarios de los diferentes tlc que Colombia firmó, el Gobierno propone varios puntos: «[…] compensar a los productores agropecuarios por las importaciones de papa pre-cocida y congelada y leche en polvo; asumir las importaciones de estos productos como si hubieran sido producidos domésticamente y pagar a los sectores papicultor y lechero el precio doméstico por cada tonelada importada por un periodo de dos años». Además, «[…] el gobierno nacional establecerá mediante decreto, expedido inmediatamente, las salvaguardias para la importación de papa fresca y papa pre-frita congelada, cebolla de bulbo, frijol, arveja, tomate, pera, leche en polvo, quesos frescos y lacto-sueros, de los países de la can y Mercosur. Las anteriores medidas de salvaguardia se extenderán por el término de dos años. […] aplicará condiciones y tratamientos especiales en los acuerdos comerciales futuros para la protección de los productos anteriormente nombrados. […] prohibirá la rehidratación de leche en polvo importada para ser comercializada como leche líquida» (El Espectador, 2013).

El 8 de septiembre, los voceros de la mia y los representantes del Gobierno firmaron un Acta de Acuerdo[xi] que prevé, básicamente, los siguientes puntos: la mia se compromete a poner fin a los bloqueos campesinos hasta el día 12 de septiembre, bajo la supervisión del Sistema de Naciones Unidas; el Gobierno Nacional designará una Comisión de Alto Nivel para dialogar y negociar sobre los seis puntos presentados por la mia, reconociendo como positiva la conformación de una Comisión de Garantes y Acompañantes del diálogo.

Dos días después, el 10 de septiembre, a pesar de que varias mesas de diálogo aún estaban abiertas, el Movimiento por la Dignidad Agropecuaria Nacional (mdan) hizo pública su declaración frente a los importantes avances que las organizaciones del campo han logrado durante las semanas de movilización. En relación con los subsidios a la producción cafetera, el mdan declara que: «[…] el Ministro de Agricultura en compañía del de Hacienda, se comprometen a incorporar el reconocimiento del pic [Protección de Ingreso al Cultivador] dentro de la Ley de Presupuesto del año 2014 […]. En las distintas mesas, se reafirmaron los subsidios para cacaoteros, arroceros y productores de papa y cebolla, contemplados en los acuerdos antes suscritos, con el deber gubernamental de honrarlos cabalmente».[xii] En cuanto a las restricciones a las importaciones y al contrabando, se establecen dos años de restricciones a las importaciones de productos como papa fresca, cebolla de bulbo, fríjol, tomate, leche en polvo y otros, desde la can y el mercosur. Además, se estableció una comisión para la regulación de los precios. «Igualmente, se logra la no aplicación de la resolución 970 del 2010 a las semillas nacionales, la cual se derogará hasta que una mesa técnica diseñe otra que favorezca a pequeños cultivadores» (mdan, 2013).

Finalmente, dada «la insistencia oficial en no modificar los tlc; las propuestas de la sac por la agricultura a gran escala como centro de la política agropecuaria, en detrimento de empresarios medianos, campesinos e indígenas; y el desconocimiento de los demás contenidos que se discutirán», el mdan decide no participar en el Pacto Agrario lanzado por el presidente Santos (mdan, 2013).

El Pacto Nacional Agrario y el nuevo ministro

El 30 de agosto el Gobierno anunció el lanzamiento de un Gran Pacto Nacional para el Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural, cuya primera reunión tuvo lugar el 12 de septiembre. Al mismo tiempo, el Presidente anunció el cambio de varios ministros, entre ellos el de Agricultura, lanzando lo que denominó «el nuevo gabinete para la paz». Sin embargo, ni el Pacto Nacional Agrario ni la llegada de Rubén Darío Lizarralde como ministro de Agricultura fueron bien recibidos por los principales actores del paro.

¿Quién es Lizarralde y por qué despierta tanto rechazo de parte del movimiento campesino? El nuevo ministro ha desempeñado diversos cargos, tanto en el sector público como privado; sin embargo, en el sector agrario se reconoce sobre todo por ser el gerente de Indupalma S. A. desde 1994. Indupalma es considerada una experiencia pionera en las alianzas público-privadas para el desarrollo de los agronegocios y un ejemplo en la promoción de la paz por parte del empresariado, en una zona muy afectada por el conflicto armado. Sin embargo, para el movimiento campesino, Lizarralde es el representante de un modelo agroindustrial que ha sido cuestionado por afectar los derechos laborales de los campesinos, favorecer la persecución violenta de los líderes sociales y beneficiar al capital financiero y de grandes propietarios. El nombramiento de Lizarralde como ministro de Agricultura y la negativa del Gobierno a entablar una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo rural fueron dos de los factores que determinaron el rechazo del movimiento campesino a la propuesta del Pacto Nacional Agrario. De hecho, a la reunión convocada para el establecimiento de dicho pacto asistieron la Sociedad de Agricultores de Colombia (sac) y otras federaciones de grandes productores, pero no las plataformas que convocaron el paro.

¿Resurgimiento del movimiento social y popular?

El 12 de septiembre de 2013, en la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá) tuvo lugar la Gran Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular. En la declaración final, se afirma: «El Paro representa la movilización más importante y contundente de los últimos años en el país».[xiii] No cabe duda de que el paro agrario fue el escenario para un nuevo encuentro entre distintos actores sociales movilizados en contra del sistema neoliberal y del conflicto armado. Desafió las amenazas del paramilitarismo y se enfrentó al poder mediático; el primero siempre listo para bloquear los esfuerzos por aglutinar reivindicaciones y protestas populares; el segundo al servicio de los que quieren invisibilizar o deslegitimar las construcciones colectivas desde abajo.

Según Dorado, las actuales movilizaciones de productores del campo, incluyendo el paro cafetero de marzo-abril, «cambiaron la dinámica de lucha hacia la búsqueda de un mayor impacto político y social […] y fortalecer su proceso organizativo para enfrentar el futuro».[xiv] En este sentido, los campesinos dieron un gran salto adelante concentrando el problema en la implementación de los tratados de libre comercio y todas las problemáticas relacionadas con ellos; y, al mismo tiempo, asumiendo un rol político más activo al pedir expresamente ser protagonistas en la construcción de nuevas políticas nacionales para el agro. De hecho, el movimiento, a pesar de su heterogeneidad, ha obligado al Gobierno a sentarse a la mesa de diálogo sin condicionar el final de las movilizaciones.

El apoyo transversal que suscitó se materializó en los cacerolazos masivos en decenas de ciudades del país el lunes 26 de agosto. Pero también, en el amplio uso de las nuevas tecnologías de la comunicación; por un lado, para visibilizar ante la opinión pública el desarrollo de la movilización nacional; por el otro, para informar sobre los abusos y los atropellos de las fuerzas policiales. Este nuevo contacto entre lo rural y lo urbano puede significar un replanteamiento histórico del movimiento sociopolítico popular nacional y, al mismo tiempo, favorecer el acercamiento entre los distintos sectores rurales.

Para varios analistas, el apoyo de otros gremios como los de educación, salud, transporte y minería «es una muestra de la efervescencia creciente de un movimiento social que busca transformaciones a partir de sus agendas particulares. […] No obstante, la coordinación de acciones sigue siendo insuficiente ante la disparidad de agendas».[xv] A pesar de las insuficiencias aún presentes, no son pocos los que afirman que algo nuevo se está moviendo en el país, y es algo extraordinario que este movimiento sea fundamentalmente rural: proviene del campo pero al mismo tiempo anima a los actores urbanos a sumarse, con sus más diversas expresiones. No es casualidad que así sea: las zonas rurales son el epicentro del conflicto con el modelo económico agroexportador, extractivista y petrodependiente.

Conclusiones

El movimiento campesino es muy diverso y aún no está clara su proyección hacia el futuro. En la coyuntura actual es difícil adelantar conclusiones; sin embargo, es muy importante empezar un debate de fondo «sobre la orientación general del movimiento popular y las amplias posibilidades que existen de levantar una plataforma de lucha que unifique a los sectores populares».[xvi] Este debate no puede eludir cuál será el papel del Estado y del Gobierno. Hasta ahora la respuesta del Gobierno ha sido la implementación de medidas de corto plazo, cuya efectividad para aliviar los problemas de los campesinos es muy cuestionable. El objetivo principal del presidente Santos ha sido el levantamiento de los paros y la disminución en la intensidad y visibilidad de las movilizaciones; para ello, ha recurrido también a otorgar subsidios a los diferentes sectores que amenazan con iniciar una nueva protesta. Finalmente, el presupuesto nacional para 2014 contempló un aumento del 40% con respecto a 2013: 5.2 billones de pesos (2,650,000 USD, aproximadamente), de los cuales 3.1 billones fueron el resultado cuantificable de las negociaciones posteriores al paro y del Pacto Agrario Nacional. Pero ¿qué tan sostenible es esta estrategia en el mediano y largo plazo? Frente al tamaño de los problemas rurales, la respuesta mediante subsidios está lejos de ser efectiva.

En el escenario en el cual nos encontramos al finalizar este artículo, cabe cuestionarse si el movimiento campesino se conformará con las ayudas del Gobierno mientras las locomotoras agroindustriales y mineras siguen avanzando; o si, por el contrario, logrará construir desde abajo un actor social y popular que empuje cambios estructurales en el campo colombiano, a través de la formulación e implementación de nuevas políticas públicas para el sector rural, sin olvidar naturalmente la estrecha relación y dependencia entre el campo y la ciudad.

Marco Coscione se desempeña actualmente como investigador social y asesor en temas de comercio justo, economía solidaria y movimientos sociales en América Latina. Es licenciado en Ciencias Internacionales y Diplomáticas (Universidad de Génova) y Máster Oficial en América Latina Contemporánea y sus Relaciones con la ue (Universidad de Alcalá). En noviembre de 2012, Funglode publicó su último libro: La clac y la defensa del pequeño productor.

Viviana García Pinzón se desempeña como investigadora del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia y como docente de la Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia). Es politóloga (Universidad Nacional de Colombia) y Magíster en Ciencia Política (Universidad de Chile).

[i] Disponible en: <http://noticiasunolaredindependiente.com/2013/09/01/noticias/el-ica-destruyo-semillas-en-todo-el-pais/>.

[ii] Triana Suárez, G. (2013), «Tras veinte años de apertura económica: el campo y la industria están en ruinas y el país en resistencia», Polo Democrático Alternativo – moir, 4 de septiembre.

[iii] Acosta M., A. D. (2013), «La tormenta perfecta», Bogotá, 1 de septiembre.

[iv] Cabrera, M. (2013): «Otra visión del tlc», Portafolio.co, Bogotá, 20 de mayo.

[v] Véase <http://congresodelospueblos.org/index.php/pueblo-en-lucha/ultimas-noticias/49-ultimas-noticias/346-el-cna-convoca-al-paro-nacional-agrario-del-19-de-agosto>.

[vi] Texto disponible en <http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/3-newsflash/5992-el-19-de-agosto-todos-a-la-movilizacion-nacional-cafetera-y-agropecuaria>.

[vii] Texto integral del Pliego de Peticiones, disponible en <http://www.ips.org/blog/cvieira/este-es-el-pliego-de-peticiones-del-paro-nacional-agrario>.

[viii] Dorado, F. (2013), «Las complejidades del Paro Nacional Agrario», América Latina en Movimiento, 16 de agosto.

[ix] Dorado, F.  (2013a), «La fuerza e impacto del paro nacional agrario», América Latina en Movimiento, 23 de agosto.

[x] «Gobierno acordó congelar decreto 970», ElEspectador.com, 5 de septiembre de 2013.

[xi] Disponible en <http://www.rebelion.org/docs/173720.pdf>.

[xii] MDAN (2013): «Declaración de Dignidad Agropecuaria Nacional: Avanza la defensa de la producción agrícola y del trabajo rural de Colombia», Movimiento por la Dignidad Agropecuaria Nacional.

[xiii] Véase <http://prensarural.org/spip/spip.php?article12071>.

[xiv] Dorado, F. (2013b), «Paro nacional agrario: saltos cualitativos en el movimiento social», América Latina en Movimiento, 29 de agosto.

[xv] Mantilla, A. (2013), «El paro nacional agrario: cuando lo reivindicativo es transformativo», Palabras al Margen, 20 de agosto.

[xvi] Dorado, F. (2013c), «Lecciones del paro nacional agrario: hora de la audacia revolucionaria», Prensa Rural, 9 de septiembre.


MÁS DE ESTE AUTOR


De la “guerra del banano” a la lucha por la sostenibilidad: los pequeños productores de comercio justo de las islas Barlovento

Cuando los pequeños productores caribeños de comercio justo piensan en las políticas comerciales europeas lo primero que les llega a la mente es la llamada «guerra del banano», un proceso de desencuentros y negociaciones que empezó en 1991 y terminó (por lo menos hasta el momento) en el 2012. Los productores de las islas de Barlovento sufrieron todas las consecuencias negativas del «libre comercio» y no les quedó otra opción que empezar a tejer relaciones solidarias con los circuitos del comercio justo. En este artículo revisitaremos los principales acontecimientos de esta disputa comercial internacional para entender lo que puede significar una respuesta del «fair trade» al «free trade».
Leer artículo completo

Los desafíos del comercio justo latinoamericano: una aproximación a partir de la Declaración de Río de Janeiro

Desde sus primeros pasos a finales de los años cuarenta, el movimiento por un comercio justo ha recorrido varios caminos y experimentado notables cambios. En los últimos años, frente a varios problemas internos (como, por ejemplo, la deriva del sistema certificado Fairtrade del principio original de defensa del pequeño productor organizado), los productores del Sur, especialmente los latinoamericanos, están impulsando un profundo cambio de dirección. El enfoque Norte-Sur está dejando espacio a enfoques Sur-Norte y Sur-Sur. Este artículo proporciona una visión latinoamericana sobre los futuros desafíos del movimiento por un comercio solidario, con justicia y equidad.
Leer artículo completo

Diálogo de paz en Colombia. Primer punto de la agenda «Política de desarrollo agrario integral»

El 26 de mayo del 2013, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP informaron que habían alcanzado un acuerdo sobre el primer punto de la agenda del diálogo de paz. Sin embargo, este compromiso, «Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral», solo se hará público en el momento de la firma del acuerdo final. En este informe especial, intentaremos proporcionar un detallado cuadro sobre la cuestión agraria y los desafíos actuales del desarrollo rural en Colombia, el tema estructural que está en el origen del conflicto armado.
Leer artículo completo

América Latina en movimiento: nuevas construcciones desde abajo

Desde finales del siglo pasado, actores populares y movimientos sociales protagonizan el panorama político de muchos países de la región. ¿Qué se entiende por «nuevos movimientos sociales» y cuál es son las características de los actores latinoamericanos? Este artículo nos da algunas pistas para entrar en un mundo en plena ebullición que está desafiando, cada día más, sistemas políticos, económicos y sociales en decadencia, en los cuales, sin embargo, aún estamos llamados a participar. ¿Cómo será nuestra futura participación?
Leer artículo completo

Entrevista a Sócrates Moquete

Dominicano, arraigado hace casi 20 años en Brasil, es profesor de Economía y Ciencias Políticas y director del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Estatal de Santa Cruz en Ilheus, estado de Bahía. En la entrevista explica la construcción de incubadoras donde se gesta la economía solidaria para esta región productiva.
Leer artículo completo