Artículo de Revista Global 61

¿Por qué falla la teoría de los Estados fallidos?

Convertida en artículo de fe a partir de los informes anuales de instituciones como Fund for Peace, la teoría de los Estados fallidos se complementa con un corolario conocido como Nation Building. Ambos constituyen la herramienta perfecta para enmascarar, bajo argumentos humanitarios y la búsqueda del bien común, lo que es, en rigor, un programa geopolítico hegemónico de alcance global. Pero ¿qué pasa cuando se someten a escrutinio las interioridades, el financiamiento y la filosofía política de quienes promueven estos enfoques? ¿Son capaces de soportar una mirada crítica e independiente sus presupuestos teóricos, metodologías y conclusiones? El presente artículo avanza una respuesta posible a tales interrogantes.

¿Por qué falla la teoría de los Estados fallidos?

En medio del París ocupado por los nazis, un elegante doctor francés, coleccionista de antigüedades, desplegó en el sótano de su mansión una versión particular del horror colectivo. En 1946, el encantador Dr. Marcel Petiot fue juzgado, convicto y guillotinado por haber asesinado, desmembrado y quemado a más de 150 personas, especialmente ricos judíos, que habían aceptado su propuesta de facilitarles la huida a Sudamérica pagando elevadas sumas de dinero. Sonriente y despreocupado hasta el fin, el Dr. Petiot debió preguntarse si su actuación había sido en algo diferente a la de los más afamados estadistas de la época, y si no asistía a cada ciudadano el derecho de reproducir en su ámbito privado lo que era colectivamente aceptado.

El Mal Mayor, de esta manera, acababa justificando y trivializando al Mal Menor.

En nuestros días algo parecido sucede con un grupo de teorías políticas que han logrado una aceptación acrítica generalizada en medio del peligroso caos mundial en que vivimos, y cuyas consecuencias han pasado inadvertidas. Vistas en su conjunto, se trata de posturas académicas «inocentes», que describen y juzgan la realidad mundial limitándose a «fundamentar» posturas éticas y a «justificar», por sí y ante sí, premios y castigos hacia gobiernos, pueblos y naciones, según «cumplan o incumplan» estándares éticos y de organización sociopolítica, económica, incluso ideológica, que ellas mismas establecen y, de paso, reputan como «universales y de obligatorio cumplimiento».

Desde el acogedor silencio de los gabinetes, estas «teorías» han sido deslizadas hacia la práctica política gracias a la recurrente publicación de reportes e informes anuales en los que se jerarquiza a las naciones según las calificaciones obtenidas en cada tema en cuestión. Estos van desde el respeto a los derechos humanos y la libertad de prensa y religión hasta la situación del tráfico de drogas y personas, la libertad económica y la solidez y transparencia de las instituciones estatales.

Las primeras dudas surgen cuando un observador objetivo comienza a profundizar si Cato Institute, Fund for Peace, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Heritage Foundation o Rand Corporation, por citar solo algunos ejemplos, son realmente esos arcángeles etéreos que dicen ser, desasidos del mundo material, inmunes a los dictados de los grandes intereses económicos. Las dudas se acrecientan cuando ese mismo observador nota, no sin sobresalto, que las listas de países soberanos  condenados, bloqueados, agredidos, bombardeados e invadidos por fuerzas militares, muy concretas y nada «académicas», coincide siempre con la de los que han sido ubicados en los peores puestos de estos sorteos.

La teoría de los Estados fallidos, por ejemplo, es un clásico ejemplo de cómo funciona el mecanismo. Su encantadora presencia en los ámbitos políticos públicos, comparada con los efectos de las acciones que en ella afirman fundamentarse, hacen de ella una especie de Dr. Petiót de nuestra época.

Antecedentes necesarios

El 31 de marzo del 2006, en plena contraofensiva militar e ideológica del Gobierno norteamericano y sus aliados, tras los sucesos del 11 de septiembre del 2001, Noam Chomsky declaró que la teoría de los Estados fallidos era una herramienta de política exterior del Gobierno norteamericano para «nuclear y aglutinar la opinión pública y centrar los esfuerzos contra gobiernos y países cuyas políticas no concuerdan con su visión».[i]

Es corriente que se formule una teoría o doctrina para fundamentar acciones gubernamentales de política interior o exterior, pero no que se haga de manera oblicua, a través de instituciones aparentemente no relacionadas con la política. Es lo que ocurre con Fund for Peace, la entidad que compila cada año, desde el 2005, el Failed States Index, que es, a su vez, legitimado al ser publicado en la prestigiosa revista Foreign Policy.[ii]

Fund for Peace fue fundado en 1957 como «organización de investigación y educación, que trabaja para prevenir las guerras e influir sobre las condiciones que las provocan. Se especializa en el diagnóstico y la solución de conflictos asociados con los Estados débiles o fallidos, y en las respuestas que merecen, en el campo de la política exterior».[iii]

El objetivo de Fund for Peace fue fijado en sus documentos constitutivos de la siguiente manera: «Aportar nuestra experiencia en este terreno para hacer del mundo inestable y complejo en que vivimos, un sitio más seguro. Promover la seguridad sostenible y la habilidad de las sociedades para resolver sus propios problemas de manera pacífica y sin necesidad de presencia administrativa o militar foránea».[iv]

En la propia definición de su esfera de competencia, sus enfoques y objetivos, queda claro que Fund for Peace se especializa en conflictos del llamado «tercer mundo», y no en problemas generales de la guerra, la paz y la prevención.

En el 2011 Fund for Peace declaró un presupuesto anual de US$1,686,650, del que apenas el 5.3% se debe a los donativos de personas individuales. Las corporaciones aportaron el 15.8%, las fundaciones, el 38%, y el Gobierno norteamericano, mediante contratos y subsidios, el 39.8%.

Las principales corporaciones que figuran entre los donantes de Fund for Peace son el Adams National Bank, el American Petroleum Institute, Applied Materials Inc, bp Amoco, Chevron Texaco, CitiGroup, Exxon Mobil, Newmont Minning Corporation y Shell. Entre las fundaciones figuran Asia Foundation, Ford Foundation, Rockefeller Brothers Foundation y Stanley Foundation. Entre las entidades gubernamentales, Defense Advanced Research Projects Agency, us State Department, National Defense University y la otan.

Partiendo de tales antecedentes, no debe extrañarnos que el almirante Michael Mullen, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, haya sido el presentador oficial del Failed States Index 2011, el pasado 29 de junio, cuando el reporte fue dado a la publicidad en el Press Club, en Washington. «Todos estamos centrados en el tema de los Estados fallidos –expresó en su intervención– sea o no uno de ellos lo que más nos ocupe, en este mismo momento. Lo que me preocupa de la situación [mundial] es que las entidades globales existentes asuman los desafíos que se derivan de la existencia misma de los Estados fallidos […] No hay una respuesta militar para todo. La seguridad es una condición básica [para el desarrollo], pero, por sí misma, insuficiente […] En el mundo de la pos-Guerra Fría ningún país puede controlar la totalidad de los eventos venideros […] Nuestro futuro [el de Estados Unidos] está más ligado a la influencia que al control. Y la capacidad de influir [sobre el resto del mundo] es una carrera de larga distancia que debe comenzar por casa: tenemos que ordenar nuestra nación, tanto económica como financieramente, para volver a ser la potencia que fuimos […]».[v]

En esa misma presentación, a nombre de Fund for Peace, hizo uso de la palabra J. J. Messner, quien ocupa en ella el cargo de senior associate.  Su discurso estuvo dirigido a brindar detalles metodológicos de la investigación realizada que, supuestamente, avalarían el carácter científico del Index: «Mediante el Conflict Assesment System Tool (cast) diseñado por Fund for Peace, para el cual hemos creado un software específico, medimos la presión interna que se ejerce sobre un Estado, una región o una provincia. Se trata de 12 indicadores básicos, cada uno de los cuales puede ser merecedor de una evaluación de hasta 10 puntos, que se dividen, a su vez, en cuatro indicadores sociales, dos económicos y seis político-militares. Cada año en Fund for Peace procesamos millones de documentos con informaciones, que son la materia prima de nuestro análisis».[vi]

El presidente de Fund for Peace, desde el 2010, es el embajador Kenneth C. Brill. Ha sido embajador en Chipre, India, Jordania y Ghana, y también ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Dirigió la oficina de atención a los asuntos egipcios en el Departamento de Estado y fue, durante varios años, director del Centro Nacional de Contraproliferación Nuclear, una entidad adscrita a la Oficina del Director Nacional de Inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos.

En la página web de Fund for Peace puede leerse el texto de una carta que su presidente remite a potenciales donantes, en la que los invita a apoyar la misión de la institución: «La mayoría de las guerras en nuestros días estallan dentro de los países, y no entre ellos. Los ejércitos están formados por extremistas que no respetan ley alguna. Entre los combatientes se encuentran niños fuera de todo control. Los señores de la guerra están motivados por el ansia de poder o estrechas ideologías. Las armas que se utilizan van desde los machetes hasta las ametralladoras, incluyendo aviones civiles, como nos enseñaron los sucesos del 11 de septiembre del 2001. Los que las desatan toman a civiles como blancos de sus ataques, y pocas veces son sometidos a la justicia […] Fund for Peace trabaja para prevenir las causas que provocan este tipo de conflictos […]»[vii]

Es comprensible que esta visión simplista y parcializada de las guerras y los conflictos de nuestra época refuerce las dudas y las críticas de quienes, como Chomsky, no creen en la teoría de los Estados fallidos, ni en su Index anual, a los que considera acciones de diplomacia preventiva del Gobierno de los Estados Unidos y una herramienta para imponer su visión hegemónica global.

Las cartas marcadas

Los indicadores para la evaluación de los países, según la metodología de Fund for Peace, son los siguientes:

1) Crecientes presiones demográficas: Derivadas de una alta densidad de población, de sus necesidades de alimentación y de otros servicios, y de fenómenos relacionados con la convivencia humana.

2) Movimientos masivos de refugiados y desplazados internos, motivados por la violencia, la represión, la escasez de alimentos, la falta de agua potable y las epidemias, que pueden conducir a conflictos internos y externos.

3) Legado de grupos que buscan venganza o se sienten perseguidos: Se trata de grupos comunitarios que se forman para demandar justicia por ofensas que pueden, incluso, datar de varios siglos. También, de grupos excluidos mediante políticas institucionalizadas o convertidos en chivos expiatorios mediante campañas de odio.

4) Éxodo crónico o sistemático de la población: Se incluye aquí el robo de cerebros y la disidencia de profesionales, intelectuales y políticos que temen a las persecuciones o represiones.

5) Desigual desarrollo económico de distintos grupos: Expresa la situación de grupos basados en la desigualdad de oportunidades en las esferas educativas, laborales y económicas; en el empobrecimiento que se traduce en niveles de miseria, mortalidad infantil, etc., y en el auge de los nacionalismos motivados, de manera real o aparente, en tales inequidades.

6) Declive económico severo: Se manifiesta a través de la decadencia de la sociedad, en su conjunto, y de la disminución de los ingresos per cápita, aumento de las  deudas, colapso de los negocios, caída del nivel de vida, aumento de los precios, disminución de las inversiones extranjeras, devaluación de la moneda, sufrimientos causados por la aplicación de programas extremos de austeridad, crecimiento de la economía sumergida, fuga de capitales, incremento de los niveles de corrupción y de transacciones ilícitas entre la población, e incapacidad del Estado para asumir sus obligaciones financieras.

7) Criminalización y/o deslegitimación del Estado: Comprende la corrupción masiva o endémica de las élites dirigentes, su resistencia a la transparencia o rendición de cuentas, la pérdida de confianza de la población en las instituciones del Estado, y se expresa en manifestaciones de protesta, desobediencia civil, evasión de impuestos, resistencia al servicio militar y aumento de la insurgencia. También, en el crecimiento de crímenes relacionados con las élites dirigentes.

8) Deterioro progresivo de los servicios públicos: Desaparición de funciones básicas del Estado al servicio de las personas, incluyendo su incapacidad para proteger a los ciudadanos de ataques terroristas y de la violencia.

9) Suspensión o aplicación arbitraria del Estado de derecho: Surgimiento de poderes autoritarios, dictatoriales o militares que suspenden o manipulan las instituciones democráticas, violencia política contra civiles inocentes, aumento del número de prisioneros políticos o disidentes que no son juzgados según las normas internacionales del Derecho, y aumento de las violaciones de los derechos legales, políticos y sociales de individuos o grupos, que incluye represión contra la prensa, politización de los tribunales, uso de fuerzas militares para fines represivos, etc.

10) Aparatos de seguridad que operan como un Estado dentro de otro: Aparición de guardias pretorianas o élites represivas, de milicias particulares contra la oposición o la población, o de fuerzas guerrilleras.

11) Prominencia de élites sectorizadas: Fragmentación de las élites dirigentes en diferentes grupos, uso de la retórica nacionalista por parte de las élites dominantes para propiciar «limpiezas étnicas» o la «defensa de la fe».

12) Intervención de otros Estados o actores políticos externos: Se refleja en la participación de fuerzas militares o paramilitares en los asuntos internos de otros países, lo que afecta el balance interno de las fuerzas o la solución de conflictos, y también de donantes externos, especialmente donde se ha creado una dependencia sobredimensionada de la ayuda foránea o las misiones internacionales de paz.

En ninguna de las metodologías expuestas, Fund for Peace hace mención específica a sus fuentes de información primarias, ni las pone a disposición de quien desee verificarlas. Simplemente se declara que suelen utilizar «millones de documentos cada año» y nada más. No se trata de un problema menor: en función de las fuentes primarias con que se alimente el cast, este podría llegar a una u otra conclusión. No se ofrece tampoco un registro público de autoridades internacionales o locales que puedan ser tomadas como referencia para los análisis, todo lo cual crea la impresión de que las cartas están marcadas desde antes de que se haya iniciado el juego.

Esta impresión se acrecienta cuando se analiza detalladamente la lista de sus indicadores. Enseguida se nota la inexplicable ausencia de algunos que pueden ser mucho más influyentes que los que se detallan, sin hablar ya de que no se fundamentan científicamente los conceptos mismos que se evalúan. Por ejemplo, ¿qué se entiende por «exclusión política sistemática»? ¿En ese concepto se podría ubicar el costo prohibitivo de las campañas políticas y el acceso a los medios para transmitir mensajes, o solo aquellas medidas represivas que impiden a determinados ciudadanos participar activamente en la política? ¿Acaso en estos dos casos no tenemos una misma resultante?

¿Cómo definir lo que Fund for Peace llama «retórica nacionalista»? ¿Lo es el llamado a defender la integridad nacional amenazada por fuerzas externas, o la defensa de los recursos naturales propios ante la probada voracidad depredadora de las grandes compañías internacionales de la industria extractiva? ¿Podrá Fund for Peace desligarse del hecho de que entre sus principales donantes se encuentran esas mismas empresa trasnacionales como Chevron-Texaco, Amoco o Shell?

¿Qué entender por «grupos» basados en los conceptos de  inequidad real o la inequidad percibida, con relación a las oportunidades de acceso a la educación, el empleo y el estatus económico? ¿No elude cuidadosamente esta ambigua formulación las clases sociales, que sí es ciencia constituida y concepto universalmente aceptado desde los aportes realizados por la escuela marxista?

Cuando los indicadores del Index hablan de «éxodo crónico y sostenido de la población» y aluden al «robo de cerebros», ¿incluyen en este campo el drenaje de talentos profesionales, deportivos, creativos, científicos, de mano de obra calificada, o de simples migrantes económicos, que fluye constantemente del tercer al primer mundo, estimulado por el segundo? Las leyes antimigratorias y discriminatorias, como la de Arizona y otras normativas europeas, ¿son incluidas entre los factores que aumentan la presión sobre los Estados emisores de emigrantes, como México, la República Dominicana, los países centroamericanos, Haití o Ecuador? ¿Es o no la regulación de las migraciones una herramienta desestabilizadora y una fuente de presión adicional sobre los Estados del tercer mundo por parte de los Estados del primero? ¿Se tienen  en cuenta en el Index las causas económicas profundas y la forma en que está organizado el mercado internacional del trabajo, y que generan constantemente conflictos y crisis?

La existencia de grupos basados en la pobreza, descritos, constatados y evaluados en el Index, ¿son causa o efecto de la manera desigual en que está repartida la propiedad sobre los medios de producción y la distribución de la riqueza nacional? Si se acepta la segunda explicación, ¿se justifica considerar como fuente de presión sobre los Estados los efectos y no las causas de las crisis y la ingobernabilidad derivadas de la falta de justicia social? ¿Tienen o no responsabilidad en esta situación las élites económicas y las políticas que las expresan, y a las que se elude mencionar todo el tiempo? Y muchas grandes corporaciones internacionales presentes en el tercer mundo, ¿contribuyen o no con este clima de desigualdad y de reproducción ampliada de la miseria, y con el orden internacional injusto que lo favorece y consagra?

¿Cómo definir el «aumento de las comunidades de exiliados» sin tener en cuenta que, en casos como el de Cuba, este no solo está condicionado mayoritariamente por los problemas económicos internos, y de manera mínima por causas políticas, y que existe una distorsionante Ley de Ajuste Cubano, reliquia de los años de la guerra fría, que estimula y politiza el éxodo de cubanos hacia Estados Unidos como medida de presión y desestabilización de su gobierno sobre la Revolución cubana? ¿Esta variable la considera cast a la hora de evaluar a Cuba, o se limita a considerar las estadísticas frías? ¿Qué pasaría con Brasil, Chile o Costa Rica y «el crecimiento de sus «comunidades de exiliados» si el Gobierno norteamericano aprobase leyes de ajuste que garantizase, a cada uno de sus ciudadanos que pisase suelo de ese país, la concesión automática de la residencia y privilegios y facilidades de todo tipo? ¿Mide cast el impacto desestabilizador provocado por la aplicación de leyes extraterritoriales con fines hegemónicos, o las presiones que se ejercen sobre los Estados tercermundistas?

En los sospechosamente exiguos y limitados «indicadores económicos del Index» se menciona, por ejemplo,  «el colapso y devaluación de las monedas nacionales» y los efectos sociales desestabilizadores de «programas extremos de austeridad  impuestos», pero se hacen malabares verbales para no asociarlos con las políticas draconianas de los organismos internacionales como el Fondo Mundial y el Banco Mundial, que actúan de hecho como un poder supranacional, capaz de decretar el hundimiento de países y regiones completas mediante presiones y medidas brutales. Tampoco se alude al efecto devastador que tienen las oscilaciones del patrón dólar sobre las débiles economías tercermundistas, ni el rol imperial que juega la Reserva Federal del Gobierno de los Estados Unidos y sus medidas proteccionistas, al aprobar, por sí y ante sí, la emisión de papel moneda sin respaldo oro, según lo indiquen sus intereses nacionales. Y la especulación financiera de las Bolsas de valores, y las crisis artificiales como las que pusieron hace unos años a Malasia y México al borde del colapso, y la actual crisis mundial, y las derivadas de la especulación en el comercio mundial de alimentos y combustibles, denunciadas en la onu por el presidente dominicano Dr. Leonel Fernández, ¿de qué manera se miden en los indicadores del Index? ¿No incrementan hasta niveles insostenibles las presiones internas sobre los Estados y fomentan la inestabilidad social, los enfrentamientos y, con ello, la ingobernabilidad?

En cuanto a los procesos llamados de «criminalización y deslegitimación del Estado», que incluyen profusamente el concepto nebuloso de «élites gobernantes», como si estas fuesen una invariable o un grupo monolítico, y no estuviesen formadas por una enorme gama de tendencias políticas y fuerzas que se rotan periódicamente en el poder, llama la atención la simplificación, hasta niveles caricaturescos, de fenómenos sumamente diversos y abigarrados, como el de la corrupción. ¿Acaso el «escándalo Madoff», fraude que provocó el robo de 50,000 millones de dólares, y que afectó a miles de bancos y personas en todo el mundo, puede igualarse con el de un funcionario de Zimbabwe que cobra sobornos o recibe comisiones indebidas?  En el 2009, año en que Bernie Madoff fue juzgado y sentenciado a 150 años de cárcel por sus delitos, el Gobierno de los Estados Unidos recibió una cómoda puntuación de 2.3 sobre 10 en el indicador de «pérdida de legitimidad del Estado», que mide «la masiva o endémica corrupción y enriquecimiento de las élites gobernantes», de las que, por supuesto, Madoff formaba parte destacada. Ese mismo año, el Index ubicaba a Zimbabwe en un peligroso penúltimo lugar mundial, recibiendo, en este indicador específico, la bochornosa calificación de 9.8 sobre 10.

En este mismo indicador, en el Index 2011, año de enorme inestabilidad y protestas en todo el mundo motivadas por el agravamiento y la coincidencia de varias crisis, un Estado como el español, con cinco millones de desempleados y siendo el país donde comenzó el movimiento de los indignados, ocupó un cómodo puesto 151, con apenas 41 puntos sobre 120, y Estados Unidos, estremecido por el movimiento de los ocupas y hundido en una dura crisis económica, el lugar 158, con apenas 34.8 puntos sobre 120. Grecia y Portugal figuran como «estables» e Irlanda como «muy estable», mientras Bolivia, que por primera vez en su historia dispone de reservas monetarias internacionales que ascienden a 12,000 millones de dólares, gracias a las políticas de defensa de sus recursos naturales aplicadas por el gobierno de Evo Morales, figura en el penúltimo lugar entre los 60 Estados en mayor riesgo, con puntuación de 82.9 sobre 120.

Por último, es de imaginar los apuros pasados por los especialistas de Fund for Peace para poder evaluar el grado de «intervención de otros Estados o de actores políticos foráneos» en el incremento de la presión sobre Estados como el de Libia. Curiosamente, este país que fue estremecido por una guerra civil alentada y apoyada por la otan y el Gobierno de los Estados Unidos, que sufrió una campaña de destrucción integral provocada por más de 26,000 misiones de bombardeo de las fuerzas foráneas, que vio su suelo invadido por  mercenarios occidentales, saudíes y cataríes –y también por tropas especiales de los países occidentales–, que vio derrocar y asesinar a sus principales dirigentes y se encuentra sumido en una lucha de resistencia, sin visos de solución, fue evaluado por Fund for Peace como «de riesgo o presión moderada», ocupando el lugar 111, de 177 países evaluados, y con una aceptable puntuación de 68.7% sobre 120.

Estas son solo algunas de las críticas más notorias que se desprenden del análisis del Index de Estados fallidos que cada año publica Fund for Peace. No habría nada extraordinario en ello, y no pasarían los señalamientos de alimentar una válida discusión académica, de no ser por las consecuencias concretas que se derivan de tal práctica. Corren tiempos de debilitamiento progresivo de conceptos tales como la soberanía e independencia de las naciones, la no injerencia en los asuntos internos de Estados soberanos y el respeto a la libre determinación de los pueblos. Lo que se analiza remite más bien a programas políticos e ideológicos hegemónicos que han sido impuestos en el mundo unipolar y de pensamiento único.

El Failed States Index de Fund for Peace no pasaría de ser un intento teórico fallido más, de los que la humanidad ha tenido reiteradas evidencias a través de su historia, de no ser por sus corolarios, y especialmente por uno que reviste especial peligrosidad: el de la teoría y la práctica del Nation Building.

Nation Building

Acallado el ruido de los bombardeos, enterrados los muertos, retiradas las tropas foráneas enmascaradas de «rebeldes locales», borradas, en lo posible, las huellas de la intervención hegemónica disfrazada de intervención humanitaria, y convenientemente impuesta una falsa narrativa «liberadora y democratizadora», con el consabido entusiasmo de CNN, es hora de ubicar al país recién «liberado» en un mejor sitial dentro del Failed States Index, de Fund for Peace.

Por los mismos cielos y fronteras nacionales antes atravesadas por caravanas de vehículos y naves que conducían material de guerra para «defender a la población civil», ahora llegarán los equipos pesados y los materiales para iniciar el loable esfuerzo de «la estabilización y la reconstrucción posconflicto», donde las corporaciones se disputan, a dentelladas, las ruinas que su propia barbarie produjo. Con la práctica del Nation Building concluye la última etapa del programa de repartición integral del botín imperial.

En la siempre incómoda etapa militar de estos procesos, se favorece al complejo militar-industrial y a toda la industria bélica. En la romántica etapa siguiente, la de la reconstrucción inducida, se favorece a las trasnacionales capaces de alzarse con los millonarios contratos para rehabilitar y desarrollar las infraestructuras aplastadas y restablecer los servicios antes aniquilados. En este último tramo, también se suman aquellas empresas capaces de «modernizar y occidentalizar» el país en cuestión, garantizándoles a los ciudadanos que lograron sobrevivir a los bombardeos y los combates los inefables goces de acceder a las hamburguesas de los McDonald’s y a los programas de televisión que les permitan ponerse a tono con el nivel cultural global representado por American Next Top Model, Jersey Shore y Los Simpsons.

Pero antes fue necesario elaborar una versión teórica posmoderna y glamorosa que sirviese de «fundamento» a la misma práctica imperialista y colonialista de siempre. A ello se consagra la teoría del Nation Building, corolario de la de los Estados fallidos. La relación entre ambas fue establecida por el neconservador Francis Fukuyama en su libro State Building,[viii] del 2004: «Desde el fin de la Guerra Fría, los Estados débiles o fallidos se han convertido en el principal problema a resolver por el nuevo orden internacional, según lo definido por Crocker, en el 2003. Ellos cometen abusos en el terreno de los derechos humanos, provocan desastres humanitarios y grandes oleadas de inmigración masiva, y también atacan a las naciones vecinas. Desde el 11 de septiembre del 2001, ha quedado claro que brindan refugio y abrigo al terrorismo internacional, el que puede dañar de manera significativa a los Estados Unidos y a otros países desarrollados».

Tomemos, a los efectos del presente análisis, lo sucedido en Libia, donde una coalición de imperios compadres destruyó a una nación soberana e independiente, cuya población gozaba de los más altos estándares de vida en África.

El artículo «Lybian Nation Building after Gadhaffi: Helping the Rebels helps Themselves»[ix] fue publicado en la revista Foreign Affairs, con fecha 23 de agosto del 2011, o sea, dos meses antes de que Gadafi fuese asesinado. Ya para entonces, dos importantes promotores de la teoría del Nation Building, James Dobbins y Frederic Wehrey, habían realizado un análisis comparativo, es de suponer que por encargo, sobre las similitudes y diferencias de la situación libia con la de otros países que habían encarado antes las «estabilizaciones posconflictos y las reconstrucciones», entre ellos, Bosnia, Kosovo, Irak y Afganistán. En este caso, el análisis se centraba en las ventajas y desventajas de Libia si, como era de esperar, le tocaba ser sometida a ese proceso: «En Libia, como antes en Bosnia, Kosovo, Iraq y Afganistán, Estados Unidos y sus aliados han prevalecido en el terreno militar [se afirmaba sin haber concluido las operaciones]. Ahora los gobiernos occidentales deberán asumir su rol ayudando a establecer un nuevo orden en el país».[x]

Entre los factores «favorables» en el caso libio, los autores mencionaban «su riqueza, su mayor homogeneidad étnica, lingüística y religiosa y su gran accesibilidad desde el exterior», todo lo cual indicaba que «la estabilización posconflicto y la reconstrucción de Libia será más fácil que en los demás países».[xi] Entre los factores «adversos» se mencionaban «su poca experiencia en política participativa, la no existencia de fuerzas occidentales en el terreno, capaces de establecer una razonable política de seguridad, garantía de que la política de reconstrucción pueda avanzar, y la no existencia de una entidad internacional capaz de coordinar los programas colectivos de reconstrucción».[xii]

Los pasos a dar en este panorama incierto eran indicados por estos expertos en un riguroso orden y con desembozada crudeza. «La seguridad debe ser lo primero [recomendaban]. Las sociedades que emergen de los conflictos suelen tener demasiados soldados y pocos policías. La comunidad internacional debe ayudar a Libia a desmovilizar rápidamente a los combatientes de ambos bandos y construir una eficiente fuerza policial […] Los Estados Unidos deben establecer una oficina de cooperación para la seguridad en Libia […] Desarrollar instituciones participativas [concluían] debe ser la segunda tarea a acometer. Toda ayuda externa debe enfocarse en desarrollar gobiernos locales, concejos municipales, la sociedad civil y la cultura de la política representativa».[xiii]

En rigor, a lo que se referían Dobbin y Wehrey es a la teoría de State Building, que está implícita en la del Nation Building y le sirve como peldaño inicial. Claro que, con la excepción de Afganistán, los países analizados en el artículo mencionado no carecían de un Estado sólido, sino de formas estatales consideradas «hostiles» por el Gobierno de Estados Unidos y la otan, razón suficiente para otorgarles bajas puntuaciones en el Index de Estados fallidos, y luego demolerlos sumariamente.

En el tema de State Building compiten dos escuelas de pensamiento. La primera, la del llamado «enfoque exógeno», reconoce que, ante la existencia de un Estado débil o fallido, el primer paso debe ser dado por «factores foráneos», lo que implica una intervención militar y la ocupación del territorio. La segunda, la del llamado «enfoque endógeno», privilegia los esfuerzos externos con el objetivo de potenciar las fuerzas locales, por supuesto, antes cuidadosamente seleccionadas. Libia, por ejemplo, marca la combinación de ambos enfoques: después de los bombardeos de la otan, han comenzado los esfuerzos «locales» por construir una sociedad y un Estado hechos a la medida de las fuerzas extranjeras.

«Reconstruido» lo que primero se calificó como un Estado fallido, este ha de garantizar que la próxima fase, la propiamente conocida como Nation Building, transcurra según un modelo rigurosamente establecido en toda la extensión de sus programas, y de acuerdo a una metodología tan minuciosamente elaborada como para tener calculados los costos de cada uno de ellos, de acuerdo al tamaño del país, su potencial económico y la población que lo habita. Un equipo de trabajo dirigido por James Dobbins, y bajo el auspicio nada inocente de Rand Corporation, el más potente think tank  del Complejo Militar-Industrial de los Estados Unidos, ha elaborado para ello un manual de obligada consulta: The Beginner´s Guide to Nation Building.[xiv]

El equipo de Dobbins comenzó por analizar las experiencias «reconstructivas» occidentales en 24 países, extrayendo de ellas una serie de regularidades capaces de permitir la elaboración de estos programas, calcular sus costos y prever sus etapas. Con este informe, al que Kofi Annan, entonces secretario general de la onu, consagró como «paso a un nivel superior de estos estudios, por su rigor y claridad»,[xv] la teoría del Nation Building, y por extensión, la de los Estados fallidos, alcanzó el estadio canónico de su desarrollo, y en tanto «ciencia constituida», se ha erigido en portadora de un fallo supuestamente inapelable, y en consecuencia, de obligatorio acatamiento para estadistas, científicos sociales y comunicadores.

De esta manera, la razón imperial ha terminado por torcer el brazo de la ciencia para constituirse en la exegética de la acción hegemónica, actuando, a la vez, como su primer heraldo y su último valedor.

Para que se tenga una idea de lo que significa este neomanual para la administración de colonias y posesiones de ultramar, veamos cómo se calculan en él los costos del Nation Building en un país de cerca de cinco millones de habitantes, con ingresos per cápita anuales de alrededor de US$500, como es el caso de Haití, Sierra Leona o Liberia:

«Costo del Ejército formado por 15,000 soldados locales (US$50 millones). Costo de una fuerza de ocupación foránea de 65,000 soldados (US$13,000 millones).

Costo de la Policía, formada por 11,000 policías locales (US$18 millones). Costo de una fuerza policial foránea, formada por 8,000 integrantes (US$1,250 millones).

Costo de la implantación de un sistema judicial (US$18 millones).

Costo de la ayuda humanitaria (US$170 millones).

Costo de la gobernabilidad (US$260 millones).

Costo de la estabilización económica (US$30 millones).

Costo de la democratización (US$50 millones).

Costo del desarrollo de infraestructura (US$750 millones).

Costo total: US$15,600 millones».[xvi]

Fukuyama lo sintetizó al  señalar que «[…] después del 11 de septiembre del 2001, la lógica de la política exterior norteamericana ha llegado a un punto en el cual, o toma sobre sus hombros los problemas de la gobernabilidad en los Estados débiles, o los deja para ser solucionados por la comunidad internacional […] Mientras negaba toda ambición imperial, la administración Bush no hizo más que articular [esa intención] en el discurso de West Point, de junio del 2002, y en la Estrategia de Seguridad Nacional, de ese mismo año, especialmente por la “doctrina de las guerras preventivas”, lo cual ha puesto a la nación, de hecho, en la posición de “gobernar” pueblos hostiles en países que constituyen una amenaza terrorista».[xvii]

La teoría del Nation Building consagra, de esta manera, otro espejismo de innegable origen imperialista: el de una supuesta excepcionalidad, casi predestinación divina, de los Estados Unidos, y su misión de «reconstruir el mundo» para extender por él sus propias instituciones, como única garantía de progreso y paz. Antes se llamó «destino manifiesto». Hoy se llama Nation Building.

«Las naciones tienen que ser capaces de construir instituciones estatales, no solo dentro de sus propias fronteras, sino también en países más desorganizados y peligrosos [concluía Fukuyama]. Pase lo que pase, el arte de construir Estados será un componente esencial del poder de cada nación, tanto como la habilidad de desplegar fuerzas militares tradicionales para el mantenimiento del orden mundial».[xviii]

No en vano, al mismo almirante Mullen que presentó la edición 2011 del Index of Failed States, de Fund for Peace, partidario del «uso apropiado de la fuerza» en la arena internacional, pertenecen unas palabras que aclaran mucho el alcance de este esfuerzo teórico, prolongado y costoso que precede y desbroza el camino a las acciones militares más vigorosas y a las «reconstrucciones» más lucrativas que caracterizan el accionar imperialista contemporáneo: «El campo de batalla ya no es el terreno, sino la mente de las personas».

Eliades Acosta Matos es un filósofo cubano. Doctorado en Ciencias Políticas, se desempeña como investigador del Archivo General de la Nación y colaborador académico de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y de la Fundación Juan Bosch. Fue director de la Biblioteca Nacional José Martí, de Cuba, y presidente de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales (Abinia).

[i] Gabriel Mario Santos Villarreal, «Estados fallidos: definiciones conceptuales», Cámara de Diputados, México, abril del 2009, <www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-07-09.pdf>.

[ii] Revista bimestral, fundada en 1970 por Samuel P. Huntington y Warren Demien Manshel. Desde 1996 dejó de ser una publicación académica para convertirse en una revista orientada hacia el público general. El 29 de septiembre del 2008 fue adquirida por el consorcio que dirige The Washington Post. Se especializa en temas relacionados con política internacional, relaciones internacionales y economía. Publica cada año el Índice de Globalización y el Índice de Estados Fallidos. Tiene ediciones en español, búlgaro, árabe, coreano, portugués y rumano, lo cual es testimonio de su interés orientado hacia países «periféricos».

[iii] Ver <http://sourcewatch.org/index php.Fund for Peace>.

[iv] Ibídem.

[v] Almirante Michael Mullen, Failed States Index 2011: Keynotes Address, Press Club, Washington, 29 de junio del 2011, <http://www.fundforpeace.org/global/?q=node/153>.

[vi] J. J. Messner, Failed States Index 2011, Press Club Washington, 29 de junio del 2011, <http://www.fundforpeace.org/global/?q=node/153>.

[vii] Kenneth C. Brill, «Support the Mission of the Fund for Peace», <http://www.fundforpeace.org/global/?q=node/153>.

[viii] Francis Fukuyama, State Building, Cornell University Press, 2004, p. 125.

[ix] James Dobbins y Frederic Wehrey, «Lybian Nation Building after Gadhaffi: Helping the Rebels Helps Themselves», Foreign Affairs, 23 de agosto del 2011, <http: www.foreignaffairs.com/print/68146>.

[x] Ibídem.

[xi] Ibídem.

[xii] Ibídem.

[xiii] Ibídem.

[xiv] James Dobbins, Seth G. Jones, Keith Crane, Beth Cole De Grasse, The Beginner´s Guide to Nation Building, Rand Corporation, <http://www.rand.org/pubs/monograph/MG557.html>.

[xv] Kofi Annan, «Praise for The Beginner´s Guide to Nation Building», op. cit., p. 3.

[xvi] The Begginer´s Guide to Nation Building, op. cit., p. 302.

[xvii] Francis Fukuyama, op. cit., pp. 127-128.

[xviii] Ibídem, p. 164.


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