Artículo de Revista Global 37

Proyecto patria dominicana

Los dominicanos que viven en el extranjero representan alrededor del 15% del total de ciudadanos en el país. La mayor parte de la diáspora dominicana reside en Estados Unidos. Al analizar los esfuerzos realizados por el Gobierno de la República Dominicana para acercarse a la diáspora, debemos tener en cuenta que el fenómeno migratorio dominicana es relativamente reciente.

Proyecto patria dominicana

Recién en los años setenta hubo un importante emigración hacia Estados Unidos. Se estima que en 2010 residen en Estados Unidos 1.6 millones de dominicanos. A pesar de su reciente incorporación a la sociedad estadounidense, sus logros son muchos y participan activamente en el país de acogida. La diáspora ha alcanzado estos logros gracias a sus propios méritos, arduo trabajo y promoción, con muy poca influencia y apoyo del gobierno de su tierra natal.

Una fuente de preocupación para los políticos dominicanos en los Estados Unidos es el activismo partidista de sus compatriotas en su tierra natal. Algunos temen que su participación en la política de la República Dominicana impida que los inmigrantes dominicanos participen en la política de Estados Unidos, que es donde viven. Pero, aunque muchos dominicanos todavía tienen fuertes lazos con la política local, existe un creciente e importante número de dominicanos elegidos en puestos políticos de importancia en Estados Unidos.

Los principales partidos políticos dominicanos tienen oficinas en Norteamérica. Las ciudades estadounidenses con gran población dominicana sirven de escenario para actos políticos, proporcionan adeptos adicionales y son una fuente factible de financiamiento de campaña. Tradicionalmente esto ha hecho que Estados Unidos sea muy atractivo para los políticos del país natal; no obstante, en las últimas elecciones esta tendencia ha disminuido debido principalmente a la institución de un fondo público para el financiamiento de las campañas establecido en 1997 por la Junta Central Electoral de la República Dominicana.

Una parte de los inmigrantes dominicanos ha logrado un balance satisfactorio de activismo político, tanto en su país de acogida como en el natal. Sus fuertes lazos económicos con su país de origen los hacen participar activamente en su vida diaria, y su insistencia sistemática en lograr que el Estado dominicano les reconozca sus derechos políticos y civiles ha dado sus frutos.

A comienzos del siglo xxi, el Estado dominicano ha promovido y adoptado de manera sostenida una serie de leyes que les confieren derechos políticos a los dominicanos residentes en el exterior. Algo más trascendente es que estos derechos están reconocidos en la Carta Magna. Desde los años noventa, los gobiernos dominicanos han realizado varias iniciativas para reconocer e incorporar a los dominicanos que viven fuera del territorio nacional.

Se puede argumentar que la aprobación de la doble ciudadanía y del derecho a votar en las elecciones presidenciales desde el exterior fueron las primeras medidas legales importantes implementadas por el Gobierno dominicano a favor de su diáspora.

Sin embargo, más que el otorgamiento de la doble ciudadanía, lo que más ha influido las cifras de naturalización de dominicanos ha sido la Ley de Inmigración de 1996 (Decreto de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad, IIRAIRA, por sus siglas en inglés) y otras medidas como las campañas de naturalización frente al incremento de un 69% de la tasa de naturalización (2007), los esfuerzos legislativos para restringir beneficios públicos para los no ciudadanos, y la implementación de un programa obligatorio que requiere el reemplazo de las tarjetas de residencia permanentes emitidas antes de 1977.

El derecho a la doble ciudadanía, reconocido por primera vez en 1994, es el artículo 20 de la Constitución dominicana de 2010. La Ley Electoral 275-97, promulgada el 21 de diciembre de 1997, en sus artículos 82 al 85, permite que los dominicanos residentes en el exterior puedan votar en las elecciones presidenciales. Debido a lo complicado y costoso que resulta la organización de elecciones en un país extranjero, recién en las elecciones de 2004 los dominicanos del exterior tuvieron la oportunidad de votar por primera vez, y solo en nueve ciudades.

Varios estudios de otros países con prácticas similares indican que en general la participación de los votantes en los comicios, en relación con el registro de votantes, es baja entre los ciudadanos residentes en el exterior. Esto también es válido para la República Dominicana.

Los datos de la Junta Central Electoral muestran que los registrados en el extranjero representan el 2.68% de los registrados nacionalmente. Los votantes inscritos en Estados Unidos representan un 62.52% del total de los inscritos en el exterior. En las elecciones presidenciales de 2008, el voto del exterior representó solo el 1.86% del total de votantes de la República Dominicana. Sin embargo, hubo un incremento de un 0.7% del total de votantes en 2004.

Aunque los números absolutos se incrementaron, el porcentaje de los votantes registrados que efectivamente ejerció el voto disminuyó de un 73% en 2004 a un 49.5% en 2008, porcentaje inferior a la tasa de participación nacional de 71% en 2008. Igualmente, el 69.12% del total de votos emitidos en el exterior tuvieron lugar en Estados Unidos.

El siguiente paso importante en el plano político en la República Dominicana para la diáspora era ganar el derecho a tener representación congresual. La Constitución de 2010, promulgada el 26 de enero (fecha que conmemora el nacimiento de Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria) le concede derechos de representación congresual, y extiende la nacionalidad dominicana a los hijos de dominicanos nacidos en el extranjero, es decir, los de primera generación.

El artículo 18, en sus numerales 1 y 6, concede la nacionalidad dominicana a los descendientes directos de los dominicanos residentes en el extranjero. Estos nuevos derechos políticos obtenidos garantizarán una mayor participación democrática de los dominicanos residentes en el exterior. Más específicamente, el artículo 81, numeral 3, dice: “[…] Siete diputadas o diputados representarán a la comunidad dominicana en el exterior. La ley determinará su forma de elección y distribución”.

Con respecto al apoyo institucional del Gobierno central, antes de 2004 los intentos de establecer instituciones sólidas que abordaran la diáspora dominicana fueron efímeros. Por ejemplo, en la administración del presidente Hipólito Mejía (2000-2004) hubo un intento de crear un ministerio (para entonces secretaría) para los dominicanos en el exterior, pero el Congreso nunca lo aprobó. Como consecuencia, el presidente Mejía creó mediante decreto una Oficina de Ultramar, pero muchos argumentaron que no funcionaba para lo que fue diseñada y que no produjo los cambios prometidos.

Además, existe la Unidad de Asuntos de Dominicanos en el Exterior, establecida bajo el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, la que tiene el objetivo de ofrecer asistencia y protección a los dominicanos residentes en el exterior. Por lo general, el trabajo de esta unidad, y el de los consulados, está limitado a responder necesidades administrativas. Aunque los consulados generan importantes ingresos, tradicionalmente se han invertido pocos recursos en beneficio de las comunidades de la diáspora dominicana.

En el caso de los dominicanos de Estados Unidos, aunque las tarifas de los servicios consulares son altas en ciudades como Nueva York, hay algunas pocas excepciones y se han producido algunos cambios positivos en cuanto a ofrecer más servicios a la comunidad dominicana en la zona de los tres estados donde residen aproximadamente el 70% de los dominicanos de Estados Unidos. Por ejemplo, estos nuevos servicios incluyen la asistencia legal gratis a dominicanos con casos de deportación, una oficina de reciente creación para asuntos de la comunidad, y la habilitación de consulados móviles para servir a los tres estados y sus alrededores (Nueva Jersey, Connecticut, Yonkers, Pensilvania).

Mientras estuvo fuera del cargo, a partir de enero de 2003, el presidente Leonel Fernández trabajó desde la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) para comenzar a relacionar a la diáspora dominicana con su país natal de una manera más formal, a través de proyectos de investigación y desarrollo. Cuando el presidente Fernández llegó por segunda vez a la Presidencia, en 2004, comenzó a organizar los Consejos Consultivos de la Presidencia para los Dominicanos en el Exterior. Estos consejos fueron creados mediante el decreto presidencial No. 618-06, mediante el cual también se instituyó el 20 de diciembre como “Día del Dominicano Residente en el Exterior”.

Hoy existen 14 de estos consejos consultivos honoríficos en todo el mundo, se dedican a organizar y asistir a las comunidades de dominicanos en el exterior y sirven como puente para comprometerlos en el desarrollo de su país de origen. La primera ley, ratificada por el Congreso Nacional de la República Dominicana en 2008, Ley 01-08, crea el Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior (Condex). Este consejo incluye a todos los ministerios pertinentes a los asuntos de los dominicanos residentes en el exterior. El objetivo es fortalecer y favorecer las políticas públicas que beneficien a la diáspora, así como dar seguimiento a los proyectos destinados a las iniciativas de captación de cerebros, inversiones y cooperación técnica internacional.

También es importante resaltar que varios miembros de la diáspora políticamente activos se han integrado a la administración pública del país, principalmente en el exterior, incluyendo cargos diplomáticos y consulares.

Aunque han habido avances en el fortalecimiento de las normas e instituciones vinculadas a la diáspora y su relación con el país de origen, hay quienes consideran que aún queda mucho por hacer para garantizar un verdadero puente de dos vías de desarrollo sostenido y cooperación.

En la economía

Otras leyes y apoyo institucional a favor de los dominicanos del exterior incluyen concesiones aduanales temporales, tales como exención de impuestos de hasta $2,000 (un aumento de hasta un 50% del monto original) sobre el valor de los regalos que se traen al país en la temporada de Navidad (del primero de diciembre al siete de enero), amparada bajo la Ley No. 9-96, promulgada en 1996.

Además, el artículo 13 de la Ley 146-00, del 27 de diciembre del 2000, facilita el regreso de los ciudadanos dominicanos y permite que importen sus pertenencias sin pagar impuestos. De igual forma, la Ley 168, que data de 1977, periodo de gobierno del presidente Joaquín Balaguer, facilita que los dominicanos que regresan al país puedan importar libre de impuestos un automóvil con un mínimo de un año de propiedad. Los dominicanos del exterior también tienen acceso a oportunidades de adquisición de viviendas subsidiadas por el Gobierno.

De acuerdo al artículo 37, de la Ley 87-01, los ciudadanos dominicanos residentes en el exterior conservan el derecho de ser parte del sistema de seguridad social de la República Dominicana. Los emigrantes dominicanos pueden transferir fondos a través del sistema financiero, de una agencia de envío de dinero o a través de una sucursal de una de las administradoras de fondos de pensiones, o corporaciones de gestión de fondos de pensiones, vinculadas a los principales bancos.

La influencia económica de los dominicanos del exterior se siente principalmente a través de los envíos de remesas y el turismo, la principal industria de servicios del país. En la República Dominicana, las remesas han tenido un crecimiento constante, a excepción del año 2009 debido a la crisis económica mundial. En este año los niveles bajaron a los de 2007, aproximadamente 3,000 millones de dólares. En 2009, las remesas representaron el 7% del PIB del país. Igualmente, muchos de los turistas que visitan la República Dominicana cada año son de nacionalidad dominicana y descendientes. Existe un importante apoyo económico a nivel local, a través de negocios familiares pequeños e hipotecas suscritas por dominicanos residentes en el exterior.

Socio-cultura y educación

Otra iniciativa adoptada por los gobiernos dominicanos es el establecimiento de instituciones culturales en Estados Unidos, como la Casa de la Cultura Dominicana fundada en Nueva York en 1985. También se creó el cargo de Comisionado de la Cultura Dominicana en Estados Unidos, como responsable de los eventos y programas culturales patrocinados por el Gobierno dominicano en Estados Unidos, incluyendo la supervisión de la Casa de la Cultura Dominicana.

Existen, por igual, numerosas iniciativas de cooperación educativa y de intercambios privados y públicos, entre los que se encuentran los programas de becas del Gobierno dominicano en universidades de todo Estados Unidos.

Desde el enfoque de la nueva Constitución de 2010

Los esfuerzos del Gobierno dominicano para empoderar a los dominicanos residentes en el exterior, incluyendo a los residentes en Estados Unidos, mediante la concesión de derechos adicionales y la salvaguarda de sus intereses, han tenido sus altas y bajas.

El presidente Leonel Fernández, como principal defensor de la Constitución de 2010 y de otras iniciativas de fortalecimiento institucional relacionadas con los dominicanos residentes en el exterior, ha sido un promotor de los derechos políticos de la diáspora.

El próximo paso debería ser la consolidación de estos logros políticos, y promoverlos a fin de obtener lazos económicos formales más eficaces, para conseguir un verdadero,

equitativo y sostenible desarrollo de la patria y de sus comunidades en el exterior. En el aspecto político, esto significa que los votantes registrados y las tasas de votación deben aumentar de la actual participación de un 50%, y que la representación política de la diáspora a nivel congresual necesita ser distribuida equitativamente y lo más legítimamente posible, es decir, sobre un criterio claro y democrático.

Asimismo, las relaciones económicas necesitan alcanzar un nivel más profundo, a una segunda generación. Esto significa ir más allá de las remesas y del turismo nostálgico. Se necesita hacer aún más para alentar los negocios dominicanos transnacionales, aumentar el flujo comercial (importaciones-exportaciones), promover las oportunidades de inversión y desarrollar instrumentos financieros como “bonos de la diáspora”.

Los avances de los derechos políticos de la diáspora dominicana en su país de origen, y el fortalecimiento de su relación con el Gobierno dominicano, son un reconocimiento de su gran importancia socioeconómica y su contribución a la patria. Los años venideros deben ser testigos de unos lazos socioeconómicos y políticos más profundos entre los dominicanos del exterior y su patria, especialmente los que residen en Estados Unidos.

 María Elizabeth Rodríguez nació en Moca, República Dominicana. Es doctora en Derecho por la Universidad del País Vasco de San Sebastián, España. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Tufts University de Massachusetts, Estados Unidos. Desde el año 2017 es senior research associate del Instituto de Estudios Dominicanos de la CUNY. Del 2002 al 2013 fue investigadora y directora de proyectos de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), en la República Dominicana. Fue fundadora y vicerrectora académica del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGlobal). La Dra. Rodríguez es autora y editora de varios libros y artículos académicos sobre desarrollo económico local, institucionalidad de los municipios, competitividad y comercio internacional, sostenibilidad de las zonas francas, y diáspora dominicana y su relación con el Estado. Es miembro de la sociedad académica más antigua y prestigiosa de los Estados Unidos, la Phi Beta Kappa.

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